Historia del Colegio de San Nicolás

Autor

Raúl Arreola Cortés

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VII HACIA UNA UNIVERSIDAD MODERNA 

VII

HACIA UNA UNIVERSIDAD MODERNA

La revolución cubana.—Digna actitud del gobierno mexica­no.—Anticomunismo como justificación ante el imperio.— El rector desarrolla un plan amplio.—Ayuda del gobierno estatal.—Creación de nuevas carreras.—El Presidente López Mateos visita la Universidad.—Magnífico rendimiento aca­démico.—El licenciado Arriaga en el gobierno del Estado.— Campaña nacional contra los rectores Alvarado y De Gortari.—Rebeldía de un grupo de maestros contra el rector.— Los alumnos apoyan al rector.—El gobernador se muestra parcial.—La prensa conservadora apoya al gobernador.—Se promulga nueva Ley Orgánica.—La primera Junta de Gobierno.—Se nombra rector al licenciado Bremauntz.—Los universitarios resisten.—Cae asesinado el estudiante Manuel Oropeza.—Se normaliza la Universidad.—Nuevas agresiones del gobernador.—Bremauntz y la revolución cubana.—Es electo Presidente Gustavo Díaz Ordaz.—Se discute la ideo­logía de Bremauntz.—El IV centenario de la muerte de Vasco de Quiroga.—La Universidad se agita por la designación de nuevo rector.—Resulta electo el doctor Nicanor Gómez.—El gobernador asiste a la toma de posesión.—Es asesinado el estudiante Everardo Rodríguez Orbe.—Vigorosa protesta universitaria.—Se inventa una conjura nacional.—Se moviliza al ejército y ocupa el Colegio de San Nicolás.—Se cambia la Ley Orgánica.—Nueva Junta de Gobierno.—Se nombra rector al licenciado Lozano.

El panorama político de la América Latina cambió en la década de los años sesentas con una profundidad sólo equiparable a la de medio siglo antes    cuando la Revolución Mexicana llevó al poder a los representantes de las fuerzas democráticas, para sustituir a una dictadura aliada inescrupulosamente con el capital extranjero. El 2 de diciembre de 1956 llegaron a las playas cubanas los guerrilleros —entrenados en México— para derrocar  al  dictador  Fulgencio Batista, que  había   entregado  a  su  país  en manos del imperialismo norteamericano. La lucha de aquel puñado de jóvenes intrépidos es una de las epopeyas más brillantes en la lucha  por la libertad; tras de años de esfuerzos y penalidades que templaron su carácter y su convicción, consiguieron la caída de Batista, el lo. de enero de 1959. el grupo de guerrilleros, dirigidos por su comandante, el doctor Fidel Castro Ruz hizo su entrada en La Habana el 8 del mismo mes. Dos años más tarde, el comandante Fidel, tras la aplicación de algunas medidas de carácter social, reconoció públicamente que aquel movimiento había sido, desde su inicios, de carácter socialista, para  el establecimiento de un  régimen político de  ese  signo,   al servicio de  los  obreros,   los campesinos,   la clase media, sus maestros y estudiantes —la mayoría del pueblo—, con la teoría del marxismo-leninismo (lo. de diciembre de 1960). La reacción contra la Revolución Cubana no se hizo esperar; tan pronto como se inició la aplicación de  las  primeras medidas de beneficio  social, se organizó por  los Estados Unidos una invasión de la isla (Bahía de Cochinos, 17 de abril de 1961) y numerosos actos de sabotaje y terrorismo; y al instaurarse régimen socialista, los países de nuestro Continente, fieles casi en su totalidad a los intereses del imperialismo yanqui, acordaron en la Organización de Estados Americanos expulsar a Cuba de la organización, por  "incompatible con las democracias representativas". Sólo hubo una excepción en la OEA:  México se negó a romper relaciones con la isla rebelde, sustrayéndose a la abyección de los demás gobiernos que apoyaron la ruptura y el  bloqueo  económico y     cultural   al   régimen    cubano, el  primero  de signo socialista que surgía en el área latinoamericana.

El acuerdo, que honra la política exterior de nuestra patria, correspondió al gobierno encabezado por el licenciado Adolfo López Mateos, quien había asumido el poder en 1958. Procedía López Mateos de las capas po­líticas de la burguesía letrada; había sido en su juventud un militante de la oposición, cuando los universitarios de la capital del país se enfrentaron al poder público bajo las banderas de Vasconcelos; pero, con el tiempo, se convirtió en un político del sistema, inteligente, con atractivo personal, de ideas políticas indefinidas, fiel reflejo de su Partido, el Revolucionario Institucional, a cuya sombra había escalado varios puestos de elección. Su indefinición ideológica fue sustituida por un marcado anticomunismo a raíz de su determinación de mantener relaciones con Cuba, como que trataba de a los vecinos del norte que no compartía los principios de la Revolución cubana. Atacó, interiormente, a las organizaciones de izquierda y a sus hombres representativos. Contra los demócratas y revolucionarios nacionalistas como el general Lázaro Cárdenas, enderezó sus ataques. El general había sido un defensor de Fidel Castro y su grupo, desde los años en que se adiestraban en nuestro suelo para la acción heroica; después, instaurado ya el régimen socialista, visitó Cuba; y en los momentos críticos, frente a la invasión de 1961, habló al pueblo y le llamó a la solidaridad los agredidos, y quiso salir al combate por la causa del pueblo hermano.

En este panorama nacional e internacional se realizó el cambio de rector de la Universidad Michoacana. Desde hacía tiempo varios universitarios ha­bían centrado su atención en un prestigiado maestro, el doctor Eli de Gortari que diez años antes había sido catedrático del Colegio de San Nicolás, y desde entonces se había mantenido en contacto con los problemas e inquietudes de la Universidad; sus ideas filosóficas, expuestas en numero­sas obras, y su vocación de universitario alejado de la politiquería imperante, fueron algunos de los motivos que indujeron a varios grupos de estudiantes y de maestros a proponerle como rector. Es más, tal parece que en la Ley Orgánica se tuvo presente esa candidatura pues los diputados aprobaron, casi en su totalidad, el proyecto de la Federación de Maestros Uni­versitarios, y en ese texto se proponía como requisito para ser rector: "Haber sido catedrático de la Universidad" (se le agregó "ser o haber sido"), que efectivamente parecía llevar dedicatoria; los otros proyectos marcaban tres años de servicios.

El Consejo Universitario integró la terna: licenciado Ángel Baltazar Barajas, doctor Luis Mora Serrato y doctor Eli de Gortari. El gobernador Franco Rodríguez designó al doctor De Gortari (7 de agosto de 1961), y la designación fue  recibida con beneplácito por todos.[1]

Se comenzó a trabajar con entusiasmo en la construcción de una Universidad moderna. Las realizaciones de los últimos rectores habían sentado las bases. Desde el primer día de su gestión el doctor De Gortari trabajó incansablemente por la elevación de esta Casa de Estudios. El 24 de agosto exhortó a los maestros para que mejoraran su asistencia a clases, y el Consejo Universitario acordó cuáles serían los porcentajes mínimos de asistencia que los alumnos deberían cubrir para tener derecho a exámenes. Con estas dos medidas se logró que el año escolar de 1962 fuera el más completo en toda la historia de la institución. El Consejo Universitario entró en una etapa febril de trabajo. Se discutieron y aprobaron numerosos reglamentos como el de Profesores de Carrera (12 de sept.), de Profesores Eméritos (25 de oct.), de Profesores de planta, y de Exámenes (2 de nov,), y el de inscripciones (18 de nov.). La aprobación de estos reglamentos contribuyó al éxito de las labores de 1962.[2]

La  Universidad   adquirió dos Contadores de Radiaciones para fundar un Laboratorio de Radioisótopos en 1962, con la colaboración de técnicos de la Comisión Nacional   de   Energía  Nuclear. El doctor Ignacio Chávez, rector  de  la  UNAM,   obsequió un Contador de Radiaciones "Escalador" para el Gabinete de Física,  y una  cantidad de  dinero para los Departamentos de Bioquímica y Farmacología, que como  hemos  dicho  equipó  en la Facultad de Medicina la Fundación Kellogg.[3]

Dr. Eii de Gortari.

El  17 de noviembre, el Consejo Universitario aprobó la creación de   la  Facultad   de   Altos Estudios   "Melchor Ocampo", con  las  siguientes   carreras:   licenciado   en Filosofía,  licenciado en  Historia,  y licenciado   en  Ciencias  Fisicomatemáticas (posteriormente se creó la licenciatura en Biología). Se nombró como director al distinguido científico doctor Rafael de Buen. En el mismo mes  (30 de noviembre)   se  transformó en   Facultad la  Escuela  de  Agrobiología, al quedar incorporada a la Universidad,  con el nombre de "Presidente  Juárez",  en   la  ciudad  de   Uruapan, con   las siguientes   carreras: (de tres años)  Parasitólogo agrícola, Fitomejorador, Zootecnista, y Agrólogo (posteriormente se agregaron las de Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología Agrícola, e Ingeniero Agrónomo especialista en Fitomejoramiento, así como Irrigación, Silvicultura, Economía Agrícola e Industrias Agropecuarias). Fue designado director el ingeniero Eduardo Limón García. En la misma fecha se acordó el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero Industrial, con especialidades en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Quimica.[4]

Al cumplirse el primer aniversario de la Facultad de Altos Estudios se organizó una Semana Académica durante la cual se otorgaron grados de  Honoris Causa a distinguidas personalidades del medio científico y humanístico, como los doctores: José Adem, José Alvarado, Víctor Bravo Ahuja, Paula Gómez Alonzo, Ignacio González Guzmán, Guillermo Haro, Antonio Martínez Báez, Marcos Moshinsky, Wenceslao Roces y Jesús Romero Flores. Estos actos se llevaron a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo de 1962.[5]

Con aportaciones diversas se creó un taller de construcción de instrumentos y aparatos científicos, con un costo de $203,914.49, cubierto en su mayor parte por el Instituto Nacional de la Investigación Científica (nov. De 1962). Igualmente, pero con apoyo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, consistente en $ 50,000.00, se mejoraron las instalaciones de la Escuela de Enfermería. En el mes de julio del mismo año se creó una Aula-Laboratorio de Contabilidad en la Escuela de Contabilidad y Admi­nistración, con un costo cercano a los $ 10,000.00, de los cuales un 60% fue cubierto por la iniciativa privada: Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cámara de Comercio, Fertilizantes y Maquinaria Agrícola, Industrias Químicas de México y Morelia Automotriz. Resulta importante este dato porque revela que no había oposición de la iniciativa privada al trabajo del rector De Gortari.

El gobierno federal tampoco manifestó rechazo a las labores académicas de la Universidad. Por lo contrario, el mismo Presidente López Mateos vi­sitó la institución el 29 de julio de 1962. Inauguró los edificios de Ingeniería y Enfermería, construidos por el gobierno del licenciado Franco Rodríguez, al igual que el edificio de la rectoría, el teatro "José Rubén Romero" (ambos en terrenos del antiguo Colegio de los Jesuitas) y el teatro "Silvestre Revueltas" en la Escuela Popular de Bellas Artes. El presidente trasladó, con toda reverencia, la urna que contiene el corazón del Mártir de la Reforma, don Melchor Ocampo, de la antigua biblioteca del Colegio de San Nicolás a la sala especial que llevaría el nombre del ilustre liberal. El licenciado López Mateos convivió con los estudiantes en un ambiente cordial, en un "café" nicolaita a la antigua usanza; allí escuchó a los jóvenes en sus apasionados planteamientos, sus peticiones de mayor ayuda para su Casa de Estudios, para la creación de carreras técnicas y de superación científica y gratitud por lo concedido hasta entonces; escuchó también la adhesión de los jóvenes a la política exterior del gobierno mexicano, concretamente el caso de Cuba, cuya Revolución merecía el respaldo de todos los latinoamericanos. En todos los actos estuvo presente el rector; en la inauguración del nuevo edificio de Ingeniería, el doctor De Gortari expresó: "estamos empeñados en conseguir el establecimiento de las condiciones indispensables para realizar investigaciones científicas en el más alto nivel, ya que solamente así es posible que nuestra Casa de Estudios adquiera el rango académico que le corresponde". En este propósito se in­sertaban las acciones de la rectoría, y sus planes de trabajo para el futuro inmediato.[6]

Un renacimiento de la Universidad se advertía. El rendimiento del año escolar de 1962, en más de un 80%, hacía exclamar al rector que la institución contaba con los mejores maestros y alumnos, y proponía en el Consejo una serie de estímulos, y el aumento de sueldo para los profesores, así como la contratación de distinguidos maestros que vinieran a superar el trabajo, como sucedió en la Escuela de Bellas Artes para la que se contrató al maestro Francisco Savín, que inició un cambio en técnicas y conceptos artísticos. Entre 1961 y 1962 hubo incremento en el número de maestros de la Universidad, como resultado de la creación de nuevas carreras y del reforzamiento de las áreas de trabajo académico; había 205 en total, y al finalizar 1962 se contaban 288. El alumnado había aumentado también, de 4,000 a 4,748.[7]

Se creó el Consejo de la Investigación Científica, y se establecieron las carreras de nivel medio, de modo que los alumnos pudieran a la mitad de sus estudios adquirir un título profesional que les sirviera para obtener colocación, en prevención de que, por causas imperiosas, se viera impedido de terminar la carrera propuesta. Se revisaron planes y programas con el fin de actualizarlos; al bachillerato se le dotó de cierta independencia, de modo que quienes lo cursaran y tuvieran que interrumpir allí sus estu­dios, pudieran obtener empleo. En 1962 se organizó la Residencia Femenil "Juana Pavón", la primera que se dedicaba a la asistencia de las muchachas universitarias que venían de sus poblados y carecían de un lugar en donde recibir la atención que merecían; a la vez se crearon otras Casas del Estudiante para los varones. Las actividades deportivas recibieron gran impulso, así como los conciertos, cineclubes, publicaciones estudiantiles, festivales populares, excursiones de estudio, y publicaciones oficiales de la Universidad.

Para esta labor, que aquí ha quedado apenas reseñada, la Universidad contó con el apoyo económico de las autoridades de la Federación y del Estado, con las aportaciones de instituciones privadas y con los ingresos propios.

Por lo que se refiere a  1962, la situación financiera fue la siguiente:

Subsidios ordinario y extraordinario  del Gobierno del

Estado………………………………………………………………….   $3'574.250.00

Subsidiosordinario y extraordinario del Gobierno
               Federal……………………………………………………………… $3’725.000.00  

Subsidio   específico   de   la   SEP   para   la   Facultad   de
            Agrobiología ………………………………………….………………  $   235.000.00

Remanente del Presupuesto de 1961………………………………....…   $   134.288.99

Ingresos propios de   la Universidad…………………..……………..……   $   275.527.00

Donativo  del   Departamento  de  Salud Pública de   los
            Estados Unidos de Norteamérica…………………………………  $     31.500.00

Donativo de  la Fundación  Kellogg………………………….……..……   $     30.600.00

Otros   ingresos…………………………………………………….………..…  $   900.000.00

Total……………….…………$8'9O6.166.00

Por primera vez se dieron a conocer detalladamente los egresos por planteles, en una democracia transparente en que autoridades, maestros y alumnos intervenían en el manejo económico de la Casa de Estudios. Además, el régimen del licenciado Franco Rodríguez demostraba con hechos su acendrado cariño a la institución, pues además del subsidio, construyó edificios, reparó los existentes e instaló laboratorios y anexos importantes.

El rector de la Universidad Michoacana participó en la reunión nacional de rectores de las Casas de Estudio del país, en la que se plantearon diversas demandas ante el Presidente López Mateos. En esa reunión se puso de manifiesto el rango que De Gortari, y el rector de la Universidad de Nuevo León, José Alvarado (ambos militantes de la izquierda mexicana), tenían entre sus colegas. Ambos fueron comisionados para acompañar al presidente desde la ciudad de México a la de Toluca, sede de la reunión, y la obra de ambos rectores mereció el reconocimiento de los asambleístas.

El resultado, casi inmediato, fue la campaña violenta contra el rector Alvarado, y el inicio de la represión contra De Gortari en Michoacán. Contra el limpio intelectual José Alvarado se emplearon calumnias y ofensas a su persona y a su familia, denigraron a la Universidad de Nuevo León; se le acusó de cesar a varios maestros sin alguna justificación. En un lapidario "Yo acuso" dejó firme su personalidad de rector intachable, y exhibió a sus detractores: "Invoco el testimonio de mis lectores en todo el país, de mis discípulos, de mis condiscípulos y de mis maestros.  Diga alguien cuándo he mentido deliberadamente y  por interés; diga quien sea cuándo he callado por paga, cuándo engañé a alguien en la cátedra, en la página del periódico  o en  la  calle. Cuándo  he dado  precio alguno  por elogios  a mi tarea o silencio sobre mis  defectos y mis errores.  Digan lo mismo,  si pueden,  mis calumniadores y,  sobre  todo, hagan  públicamente iguales preguntas acerca de sí mismos, Sólo cesé a funcionarios y profesores que no cumplían con su deber y percibían injustificadamente honorarios desde varios años atrás".[8]

La campaña contra Alvarado continuó hasta su destitución, hecho que afectó académicamente a su Universidad. Maniobras similares se emprendieron a lo largo de 1963 contra los rectores de las Universidades de Guadalajara y Puebla, señalados como "rojos" por los periódicos Orden y La Nación, de la Unión Nacional Sinarquista y el Partido de Acción Nacional respectivamente. Se había iniciado en todo el país una cruzada anticomunista."[9]

El 16 de septiembre de 1962 tomó posesión del gobierno de Michoacán el licenciado Agustín Arriaga Rivera, joven político que había realizado parte de sus estudios en el Colegio de San Nicolás, y en la capital del país había hecho una brillante carrera profesional hasta obtener el título de licenciado en Economía. También se había distinguido en otras dos actividades: dirigente del Pentatlón Universitario, fuerza de choque creada y sostenida por algunos rectores de la UNAM, y su iniciación en el Partido Revolucionario Institucional, en comisiones conferidas por el presidente del Partido, general Rodolfo Sánchez Taboada, el mismo que había desatado la campaña anticomunista en el conflicto de 1949 entre Mendoza Pardo y la Universidad Michoacana. Desde su campaña, pero sobre todo después de su elección en julio de 1962, el licenciado Arriaga se mostró contrario al "cardenismo", es decir a la corriente política formada por los colaboradores y amigos de los hermanos Cárdenas, los periódicos que soste­nían sus tesis sociales, como La Voz de Michoacán, y sobre todo la Universidad, dirigida por un "comunista", que estaba alcanzando éxito y podía "contagiar" a otras del país. Se veía claro que el nuevo gobernante había contraído el compromiso de destruir lo que sus patrocinadores llamaban un bastión de la izquierda o un santuario del jefe indiscutible de ésta, Lázaro Cárdenas, abierto simpatizante de la Revolución Cubana y presidente del Movimiento de Liberación Nacional. Frenar al "cardenismo" en Michoacán para que no se pensara en el extranjero que el mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba significaba que México iba hacia socialismo; demostrar en la tierra de Cárdenas que el gobierno mexicano era contrario al marxismo-leninismo y que,  al igual que en otros Estados, quitaba la  dirección de  los   altos   centros   de  cultura a   los  rectores de ese signo.

Escuela de  Agrobiología.  Uruapan. 

Preparatoria   "Eduardo   Ruiz".   Uruapan.

La Universidad trazaba los más optimistas planes para  1963.  Nuevas carreras, extensión de la enseñanza preparatoria a cargo de la Universidad en las principales poblaciones del Estado (se creó la de Uruapan), y su mayor atención a la investigación en áreas fundamentales de la economía en la entidad, como minería, silvicultura, pesca, ganadería, etc. Pero todo quedó interrumpido el lo. de febrero al conocerse el manifiesto suscrito por un grupo de 75 universitarios, maestros en su mayor parte, y alguno, alumnos. En ese documento se hacían diversas acusaciones al rector, como violaciones a la Ley Orgánica (al artículo 66 por haber removido maestros sin causa justificada y sin seguir los procesos legales; y al 35, inciso b) por la designación del profesor Alfonso Espitiaa Huerta como Secretario General sin que dicho profesionista cubriera los requisitos legales), por nepotismo, malversación de fondos y ofensas a la institución al afirmar que la Universidad se encontraba abatida académicamente y él había llegado a salvarla. Desde los primeros párrafos se  advertía que los firmantes eran los mismos que se habían opuesto desde 1961 a la designación del doctor De Gortari por motivos de índole ideológica,  que mal  disimulaban con  una defensa de la tradición libertaria de su Casa de Estudios. Además, varios de los casos de atropellos a maestros  se habían producido, según  afirmaban, en 1961 o principios de  1962, y entonces nadie había protestado, ni siquiera los agraviados. Era claro que su reclamación se hacía en las con­diciones del nuevo gobierno empeñado en una especie de cruzada antico­munista. Es más, el gobernador preparó desde un principio la sustitución del rector, como se comprueba con los testimonios de varias personas a quienes se consultó sobre ese asunto.[10]

Como era usual, tras del manifiesto subversivo se declararon las huelgas en los planteles; pero esta vez, ni los estudiantes ni la Federación de Maestros secundaron aquel movimiento de índole política, aunque sí pidieron al rector la sustitución del Secretario General, caso en el que concedían la razón a los maestros disidentes. Las huelgas en Medicina e Ingeniería no tuvieron éxito, y sólo en esta última Facultad lograron los antidegortaristas (así empezaron a identificarse) conservar el edificio en su poder y allí establecieron  su cuartel  general.[11]

El día 7 se reunió el Consejo Universitario y se tomaron los siguientes acuerdos:  1. Condenar las actividades de subversión del grupo de maestros firmantes del manifiesto del  lo. de febrero, por considerar que atenta contra las bases ideológicas establecidas en la Ley Orgánica de la Universidad, y pretenden perturbar la buena marcha de la institución. 2. Suspender  de inmediato a  los firmantes  que sean  maestros  de  la  Universidad. 3. Consignarles a la Comisión de Honor y Justicia, que debería dictaminar en un plazo de 72 horas. 4. A petición del rector se acordó pedir a la Sestearía de  Hacienda  se practique  una  auditoria  en  la Tesorería  de  la Universidad. 5. Constituirse en sesión permanente hasta conocer el dictado la Comisión. Por la tarde, el rector fue  asaltado en sus oficinas un pequeño grupo de alumnos desafectos y dos maestros, quienes en forma soez pretendieron hacerle renunciar por medios violentos; los nicolaitas acudieron a defender a su rector, y los agresores huyeron.[12]

 Desde un principio se vio con claridad que la mayoría de los universitarios apoyaban al rector. Sobre todo los estudiantes, con un gran sentido de responsabilidad, dieron respaldo al doctor De Gortari. El día 8 salieron a la calle más de cuatro mil alumnos que recorrieron ordenadamente las principales calles  de la ciudad al grito de "¡Clases sí, huelga no!", caso único en nuestras luchas universitarias.[13]

Este apoyo mayoritario pudo haber propiciado la solución del conflicto, si el gobierno del Estado hubiera sido realmente imparcial, y si el rector no hubiera caído en actos de soberbia e intransigencia respecto a los disi­dentes. Pero las cosas sucedieron de otro modo. Carente de bases y de apoyo, el movimiento antidegortarista tuvo que recurrir a fuerzas extrañas a la Universidad. Desde el 6 de febrero, el obispo de Zamora, José Gabriel Anaya, en una Carta Pastoral había llamado a los católicos a defender la religión amenazada por el comunismo; y aunque no hizo referencia expresa del caso de la Universidad Michoacana, sí contribuyó a que se polarizara el conflicto en la siguiente fórmula: todos contra la Universidad nicolaita, su Ley Orgánica atea y su rector comunista. Entonces los militantes de los partido políticos y las personas convencidas de las tesis del anticomunismo fueron a reforzar al pequeño grupo opositor, con la complacencia del gobernador, que en esa forma cumplía con la línea trazada desde el centro por el Presidente de la República y sus más cercanos colaboradores. Pero aun con esos refuerzos extrauniversitarios (verdaderamente antiuniversitarios), la concurrencia a mítines y manifestaciones fue muy escasa, y los dirigentes de la Fraternidad Nicolaita Antidegortarista (así se llamo su organización) medraban al amparo del gobierno, conformándose con tomar edificios que perdían al día siguiente. Algunos maestros dignos (Alfredo Zalce, Jesús Vázquez Pallares y Brígido Ayala) salvaron su honor de nicolaitas al separarse de la Fraternidad. Por fin, el día II, el Consejo Universitario conoció el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia,  acordó la expulsión de 34 maestros y 13 estudiantes del grupo disidente, Los afectados redoblaron sus ataques en varios mítines y manifestaciones; en una de estas llegaron hasta la casa del rector con ánimo de agredirle en unión de su familia, pero se frustró el intento por la rápida movilización de los estudiantes que fueron a protegerle. Los maestros leales, los dirigentes estudiantiles y sus amigos recomendaban al rector que iniciara una lucha a nivel estatal, entre los obreros y los campesinos en defensa de la Casa de Estudios agredida por la reacción, y que más que castigar a los disidentes debería aislarlos y exhibirlos; y cambiar al Secretario General para reforzar su equipo de trabajo. Pero el doctor no hizo caso, confiado como estaba en que su obra era la mejor defensa y que bastaba con el apoyo de estudiantes y maestros para salvar a la institución. Perdió de vista que era un movimiento político, y trató de verlo como un conflicto uni­versitario.

La ceremonia de apertura de cursos (14 de febrero) sirvió para que el rector —universitario al fin—, trazara un plan de trabajo como si a su alrededor no se cirniera la tempestad, y no tuviera frente a sí, en línea de combate, a los enemigos sempiternos de la Universidad. Fue el ex-rector Jesús Romero Flores quien arengó a los nicolaitas a luchar contra la reac­ción; pero no se elaboró un plan concreto. Los enemigos siguieron posesio­nados de la calle. El día 23 en la madrugada, un pequeño grupo logró apoderarse del Colegio de San Nicolás, y unas horas más tarde los nicolai­tas entraron, los detuvieron y, sin violencia, los entregaron a la policía, que enseguida, por órdenes superiores, los dejó en libertad para que, apo­yados por personas ajenas, intentaran tomar el edificio por la fuerza. Ante el ataque, el rector pidió garantías al ejército y a la policía, y se las negaron, Después se vio que aquel recrudecimiento de la lucha había tenido la finalidad de servir para que el gobernador declarara su preocupación por los hechos, "las proyecciones externas que ha tenido el problema surgido en el seno de la Universidad"; se condolía de hipotéticos daños sufridos por "ciudadanos ajenos al problema"; y exhortaba a los universitarios a "restablecer la armonía" y el orden público; y reiteraba su respeto a la institución, a la vez que anunciaba que procedería con energía para hacer prevalecer la ley.

Los  comerciantes,   industriales   y  banqueros se sumaban   a la   "guerra santa" contra la Universidad, y amenazaban con cerrar sus establecimientos si el gobierno no erradicaba al comunismo de nuestra Casa de Estudios ¡ y los únicos que alteraban el orden público eran precisamente los anticomunistas¡

El periódico local Comunidad Cristiana exigía al gobierno una solución radical, no  "meramente  política"   al  conflicto  universitario, y  presentaba eI problema en su verdadera dimensión:  "Cuando el centro (Adolfo López Mateos y anexas)  designaron  al licenciado Agustín  Arriaga Rivera como candidato  a gobernador se dijo que era  la carta contra el cacicazgo del general Lázaro Cárdenas", por lo que ahora las "fuerzas vivas" del Estado
pedían el cumplimiento de ese designio.[14]

El gobernador representaba el papel de conciliador; sólo en apariencia se presentaba como imparcial, pues era del dominio público su interés en destituir a De Gortari.

El rector y los órganos representativos de la Universidad estuvieron conformes en concurrir a unas pláticas de avenimiento en presencia del gobernador; pero los de la Fraternidad empezaron por desconocer a las autoridades universitarias legalmente establecidas, que tenían el control absoluto de la institución. No se pudieron llevar adelante dichas pláticas.

El día último del mes de febrero, el señor gobernador y el comandante militar, general Félix Ireta, enviaron una carta mancomunada al doctor De Gortari, en la que le pidieron que intercediera para la cancelación de las expulsiones acordadas, como un medio de "conciliación". Antes de dar respuesta a la carta, el rector convocó a las Federaciones tanto la de Maestros como la de Estudiantes para que, separadamente, estudiaran la sugerencia de Arriaga e Ireta. Acordó también sustituir al profesor Espitia Huerta por el licenciado Alfredo Gálvez Bravo, quien además de reunir los requisitos de la ley había sido rector de la misma Universidad. Y, tras de esta designación, el doctor De Gortari hizo saber a varios de sus amigos su propósito de renunciar al cargo para ayudar a resolver el problema. Sin embargo, parece que hubo presión de algunos grupos para que no se separara, y decidió quedarse. Dio respuesta a la carta mencionada, y en ella dijo que los expulsados eran responsables de haber organizado y encabezado fuerzas ajenas a la institución, destacadas para destruir su línea ideológica tradicional y su marcha ascendente; y que tanto la Federación de Maestros como la de Estudiantes estaban decididas a sostener las expulsiones de los malos nicolaitas; ofrecía, sin embargo, llevar el asunto a la discusión del Consejo, que sería el órgano que decidiría en definitiva, terminaba manifestando el alto honor de ser rector de una Universidad de tan hondas raíces populares.[15]

Fue notoria la movilización del ejército. De varios lugares se concentraron en Morelia soldados de todas las armas, y prácticamente se estableció un estado de sitio.  En lugares estratégicos se  colocaron  retenes  militares con la finalidad no de resguardar el orden ni de impedir choques entre los universitarios y los grupos hostiles sino de copar a los nicolaitas, no dejarles salir de  un  área  reducida en  tanto  los contrarios  ocupaban  toda la ciudad; éstos tenían facilidad para llevar a cabo mítines en el espacio frontero al Palacio de Gobierno, para que sirviera de foro a las  arengas  del gobernador. El comercio y las "fuerzas vivas" amenazaban con  una suspensión total de sus actividades,  en tanto  se daban los últimos toques a un plan que venciera la actitud enhiesta de los nicolaitas.

Un grupo reducido se apoderó de los edificios de Medicina e Ingeniería grupo armado con pistolas, dispuesto a "defender" ese lugar. Pronto se reunieron miles de estudiantes auténticos, y fueron a rescatar sus escuelas. Los soldados se colocaron en línea cerrada para evitar el asalto de los enardecidos nicolaitas, pero ante lodo con el fin de proteger a los sitiados. El comandante de la Zona Militar pidió al licenciado Torres Fraga, destacado dirigente anlidegortarista, que entrara a convencer a los sitiados de que no hicieran uso de las armas y evitaran una matanza. Con dificultades, y en medio de insultos, aceptaron concentrarse en Ingeniería, y resistir allí. Al atardecer del día 13 de marzo se desató la balacera de los sitiados contra los sitiadores que sólo disponían de piedras; esta situación se pro­longó toda la noche. El ejército se mantuvo como espectador de aquel combate desigual."[16]

El gobernador Arriaga había mandado llamar a varios universitarios radicados en la ciudad de México, como el licenciado Alfonso Ortega Martínez, representante de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Cultura Superior. Con este abogado, y asesorado por otros intelectuales, elaboró una nueva Ley Orgánica inspirada básicamente en la que regía en la UNAM. Desde principios del mes había invitado a varios ni­colaitas para los cargos que creaba la nueva Ley. Llegaron de México los abogados Gabino Fraga y Antonio Martínez Báez, Alberto Bremauntz y Pablo G. Macías, el doctor Enrique Arreguín y los profesores Jesús Romero Flores y Raúl Arreóla Cortés (también estaba en México en esos días, aunque radicaba en Morelia). En la madrugada del día 14 de marzo, un Congreso sumiso reunido en la casa del gobernador aprobó la Ley universitaria en la que se concedía autonomía absoluta a nuestra Casa de Estudios. Se creaba como organismo máximo la Junta de Gobierno, que tenia, entre otras funciones, la designación de un rector interino que debería abocarse de inmediato a la reorganización de los órganos de gobierno en los planteles, y a la formación de un Consejo Universitario Constituyente que formularía el Estatuto y los Reglamentos para normalizar en breve la vida institucional de la Universidad. Se reservó el gobernador la facultad de designar, por primera y única vez, a los siete integrantes de a Junta de Gobierno, y nombró a los mencionados abogados Fraga, Martínez Báez y Macías, al doctor Arreguín, y a los profesores Romero Flores y Arreóla Cortés, presididos por el doctor Carlos García de León. Los designados tuvieron un brevísimo cambio de impresiones, tras del cual aceptaron el cargo bajo la consideración esencial de que era preciso salvaguardar nuestra Universidad en el aspecto ideológico. El gobernador había decidido que el licenciado Alberto Bremauntz Martínez fuera el rector interino, y en eso estuvieron de acuerdo los miembros de la Junta que conocían la trayectoria revolucionaria, su probado "cardenismo", su filia­ción socialista, y otras cualidades del licenciado Bremauntz. Se sabía también que era amigo, como lo eran todos, del doctor Eli de Gortari (así se lo hicieron saber al gobernador), y que en sus manos quedaría bien el gobierno de nuestra Casa agredida desde  las gradas  del poder político.[17]

El gobierno pretendía dar fin al conflicto sin dar la apariencia de una ruptura con la tradición nicolaita, y tal vez con la esperanza de poder controlar a los miembros de la Junta de Gobierno para la designación de un rector definitivo que, unos meses más tarde, entregara la Universidad en manos del gobernador, bajo el amparo de una fementida autonomía.

Para los maestros y estudiantes nicolaitas que habían resistido heroicamente la embestida reaccionaria contra su institución, la nueva Ley significó un nido golpe; y tras del estupor al enterarse por la prensa local del contenido del citado ordenamiento, vino la reacción violenta y deses­perada; decidieron resistir en su Colegio de San Nicolás, no obstante que estaban rodeados de soldados, que ocupaban posiciones estratégicas en las azoteas de edificios cercanos; con piedras y palos, y "bombas Molotov" iniciaron la defensa. Impotentes vieron la detención de maestros tan ameri­tados como Juan Brom, José Luis Balcárcel, Ricardo Ferré D'amoré, Carlos Félix Lugo, José Herrera Peña, y sus dirigentes estudiantiles Efrén Capiz Villegas y Víctor Rafael Estrada. La presencia del ejército hacía el ambiente más tenso y contribuía a la excitación de los jóvenes. Estaba visto que los soldados obedecían indicaciones del gobernador, o que el co­mandante militar se plegaba a las exigencias de Arriaga Rivera, pues éste ofreció contingente militar a Bremauntz para que tomara posesión de su cargo, lo que rechazó el nuevo rector, quien se dirigió a la casa del doctor De Gortari y cuando éste pretendió entregarle la institución allí, sin formalidad alguna, se rehusó y prefirió ir al Colegio y entrar en contacto con los universitarios sin compañía alguna.[18]

En la mañana del día 15 los estudiantes que estaban apostados en la azotea del Colegio fueron heridos por los soldados. Cayeron Manuel Oropeza García (fue llevado en estado agónico y falleció en el camino al Sanatorio de La Luz), Luis Mejía Ramírez, Ramón Muñiz, Félix Adame Héctor Melgoza, Augusto Arriaga y Daniel Gómez. También algunos mi­litares resultaron heridos: el mayor Rafael Ortega Tapia recibió un balazo en una pierna; igualmente los cabos Martín Serapio Cruz y José Pueblita Ojeda, y los granaderos Porfirio Palomares, Daniel López y Leonardo Tafolla; recibieron heridas de poca consideración. La prensa afirmó que los estudiantes le habían disparado al general Salvador Medina, alto jefe que dirigía la operación."[19]

La muerte de Manuel Oropeza fue muy sentida entre los universitarios, que instalaron la capilla ardiente en el Colegio de San Nicolás, y allí se congregaron a despedirle. Al día siguiente, en un imponente sepelio, encabezado por el licenciado Bremauntz, protestaron enérgicamente contra el gobernador y el comandante de la Zona Militar, a quienes responsabiliza­ron de los hechos.[20]

La Ley Orgánica empezó a regir la vida de la Universidad destrozada y entristecida. Se nombraron los directores interinos en los planteles, se instaló el Consejo Universitario, se discutieron los reglamentos relativos a la nueva situación, con lo cual a finales del mes de marzo el rector Bremauntz informaba a la Junta de Gobierno que la situación se había normalizado. Eso no significaba el final de las hostilidades entre el gobierno y la Universidad. Además, los sectores políticos enemigos de la orientación socialista universitaria insistían en su campaña contra San Nicolás. A través de sus órganos de prensa manifestaban su desagrado por la designación de Bremauntz y los primeros pasos de su rectorado. Mostraban a la institución como sumergida en el caos, "anclada en su jacobismo"; y decían que Bremauntz "no resultó buen rector, ni siquiera un buen admi­nistrador, sino un militante que vino a echar leña a la hoguera y a acre­centar rencores".[21]

Era verdad que no se había producido ningún cambio de rumbo, pues el 10 de abril el rector había declarado ante el Consejo Universitario Constituyente: "Con respecto a la orientación filosófica o ideológica, la Universidad Michoacana siempre ha sido hasta hoy el faro que orienta a la juventud con las ideas más progresistas, tiene que basar su orientación y finalidades precisamente en la filosofía del Materialismo Dialéctico e Histórico y en la Doctrina del Socialismo Científico". Como se ve, el nuevo rector resultaba tan radical como el anterior; lo cual era de esperarse por los antecedentes de Bremauntz. Si Agustín Arriaga, por propia convicción o presionado por el gobierno federal y por los sectores reaccionarios, buscaba un cambio en la orientación ideológica de la Casa de Hidalgo, había escogido mal, tanto al rector como a los miembros de la Junta de Gobierno.

Lic.  Alberto  Bremauntz  M.

Tal vez con la idea de corregir su error u obedeciendo a un plan previo, el gobernador se empeñó en que la Junta designara rector definitivo a otro universitario que no fuese Bremauntz; pero obró torpemente al tratar de influir en los miembros de la  mencionada Junta, de modo que éstos, sintiéndose lesionados en su personalidad, acordaron ratificar a Bremauntz no obstante que había serias discrepancias entre la máxima autoridad y el rector. Esta decisión desagradó profundamente al gobernador y a sus acompañantes; Comunidad Cristiana comentó desfavorablemente el acuerdo y lo calificó de "una bomba de tiempo contra el gobierno estatal", y agregó: "Los que debieron haber sido expulsados no lo fueron", con lo cual se refería el periódico al acuerdo de separar de sus cátedras a 27 maestros "antidegortaristas", quienes podrían solicitar al año siguiente la oposición, y regresar a la docencia si ganaban.[22]

El rector y sus principales colaboradores quedaron sujetos a una vigilancia policíaca permanente, que Bremauntz denunció públicamente el 7 de septiembre. Desde su llegada a la rectoría se habían infiltrado en altos puestos algunos profesionistas adictos al gobernador, con el fin de disponer de informes fidedignos sobre la marcha de la institución. La designación de Secretario General había sido motivo de fricción. En un principio el rector nombró al licenciado Alfredo Gálvez Bravo, pero  el gobernador presionó para que se  nombrara en el  cargo al  licenciado   Jesús  Arreóla  Belmán quien gozaba de su confianza; en la sustitución de Gálvez intervino direc­tamente el Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, seguramente presionado por los amigos de  Arriaga Rivera.  Finalmente, el rector nombró  al licenciado Eugenio Aguilar Cortés, quien colaboró con él hasta la terminación de su mandato.

Al finalizar el año se concluyó la auditoría ordenada para aclarar el manejo de fondos durante la administración del doctor De Gortari. Como era de esperarse, los auditores no encontraron ninguna responsabilidad  grave en las cuentas; sólo algunos ejercicios no sancionados por el Consejo Universitario, y trasferencias de partidas, pero ningún fáltame ni manejo deshonesto como calumniosamente le  habían imputado sus enemigos.

La nación entró en efervescencia política al aproximarse la renovación de Presidente de la República, a fines de 1963. Como es tradicional en nuestro sistema, se empezaron a nombrar diversos precandidatos, a quie­nes se juzgaba no tanto por su capacidad, firmeza ideológica o programa, sino por la cercanía en el afecto del presidente saliente, encargado de señalar al sucesor. El pueblo, como de costumbre, presenciaba ese juego sin participar en él; sólo la élite política se agitaba en conciliábulos, sin atreverse a declarar sus simpatías por alguno, pues en México un error de rumbo se castiga severamente; y mientras se despejaba la incógnita, todo parecía detenerse. Eso sucedió en los últimos meses de 1963, y dio un res­piro a la Universidad. El elegido fue el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, señalado por los políticos como hombre de ideas conservadoras no obstante provenir de una familia liberal muy distinguida en la época de Juárez.

El problema político dejó paso al económico. Había necesidad de incrementar subsidios para atender los nuevos grados de las carreras creadas en 1962, y el crecimiento de la población estudiantil, además de incre­mentos salariales y otros gastos indispensables. En diciembre de 1963 la Federación y el Estado habían prestado $ 250.000.00 cada uno, o sea un total de medio millón para cubrir adeudos; y esa cantidad debería descontarse de los subsidios de 1964; por tanto, para este año sólo queda­ban disponibles: $ 9'375.000.00, de los cuales $ 3'800.000.00 correspondían al Estado, $ 5'245.000.00 a la Federación, y $ 330.000.00 a ingresos propios. La Universidad requería para e! cumplimiento de sus finalidades: $ 12'914.202.98, y hacían falta tres y medio millones, difíciles de obtener por la situación  política descrita antes.  La Junta de Gobierno se unió a la petición de aumento en los subsidios.[23]

De acuerdo con el orden de sustitución de sus miembros correspondió separarse en primer término al licenciado Antonio Martínez Báez, y fue sustituido por el doctor Jesús Díaz Barriga (el licenciado Gabino Fraga se había retirado voluntariamente, y en su lugar había entrado el licenciado Miguel Arroyo de la Parra); se aprobó el Reglamento Interno conforme a] modelo de la UNAM (25 de abril) y se nombró al doctor Enrique Arreguín Vélez presidente de la Junta en sustitución del doctor Carlos García de León. El doctor Rafael de Buen Lozano fue nombrado por la Junta Coordinador de la Investigación Científica (28 de junio), quien presentó un plan en el que figuraban estudios sobre el lago de Pátzcuaro, análisis de aumentos, plantas medicinales y aguas termales y medicinales (abundantes en el Estado)."[24]

En el aspecto académico debe mencionarse también el proyecto de in­tercambio con los centros educativos de Cuba. El rector Bremauntz era presidente del Comité Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales, y llevaba buena amistad con el doctor Joaquín Hernández Armas, embajador de la nación antillana en nuestro país. Para estudiar los detalles de ese intercambio, el señor embajador visitó la Universidad en varias ocasiones, y también el rector y algunos maestros y alumnos nicolaitas fueron a La Habana, con el disgusto del gobernador.[25]

En las elecciones presidenciales resultó favorecido el licenciado Díaz Ordaz, y el Presidente López Mateos empezó a dar los últimos toques a su obra de gobierno. El izquierdismo de Bremauntz y sus estrechas ligas con la revolución cubana inquietaban al gobierno del centro, y sobre todo al gobernador, por lo que se inició una etapa de espionaje en la Universidad; abiertamente se infiltraron grupos de jóvenes pertenecientes al PRI, cuyo presidente era el licenciado Mario Ruiz Aburto, compañero y amigo muy cercano de Arriaga Rivera; esos jóvenes andaban armados y varios tenían cargos en la policía judicial o en otras corporaciones; su misión consistía en mezclarse entre los estudiantes y maestros para ente­rarse de sus planes, y sabotear o interferir en los actos o reuniones de los universitarios. Así lo hicieron en la víspera de inaugurarse un monumento a la memoria de Manuel Oropeza García; asaltaron el taller donde se encontraba el busto y lo sustrajeron, así como las piedras del pedestal, frus­trándose el homenaje al estudiante inmolado en 1963. Esos mismos grupos retiraron de su lugar la placa que señalaba el lugar en que cayeron los estudiantes Agustín Abarca Xochíhuatl y Armando Tavera en 1949. También provocaron serios desórdenes en la toma de posesión de la directiva de la FEUM, en presencia del rector que estuvo a punto de ser golpeada V a ellos se atribuyeron las agresiones al joven  catedrático Arnaldo Córdova y  al dirigente  estudiantil  Rafael   Aguilar Talamantes,  a quienes se atacó en fechas y circunstancias diferentes. De lodos estos actos se enteró la opinión pública  del  país,  y oportunamente  se dieron  los nombres   de quienes integraban esos grupos de choque, y de su jefe, el licenciado Ruiz Aburto.  De hecho se había implantado en  la Universidad un régimen  de terror sostenido  y  alentado por grupos  políticos  identificados  con el  gobierno estatal.

El gobernador realizaba una labor fecunda en el Estado. Las comunicaciones, la electrificación, la introducción de agua  potable en los poblados y la construcción de escuelas distinguieron a su régimen; en todo se advertía la vigorosa personalidad del gobernante,  menos en la  Universidad, no obstante  los  intentos de   acercamiento que   las  autoridades realizaban,   y la política de puertas  abiertas que  la institución   seguía.  Con  frecuencia, grupos estudiantiles invitaban  al licenciado   Arriaga como padrino  de sus generaciones de bachilleres y profesionistas, y el gobernador asistía y les regalaba con generosidad, como se usa en ese tipo de actos nocivos a la dignidad de los estudiantes.

Otra oposición se presentó a finales de   1964. Además de los antiguos "antidegortaristas" (que ahora se llamaban   "chinistas", en alusión a su dirigente, el licenciado Torres  Fraga, apodado   "el chino"), el  gobierno alentó y pagó a un grupo de maestros cuya misión consistía en presentar, desde  un ángulo  "marxista-leninista",  los problemas de  nuestra Universidad, y rebatir las  tesis filosóficas del  rector  Bremauntz,  con la finalidad de presentarlo como  un  revolucionario  inconsistente y demagógico.   Para esto se formó la Sociedad de Profesores Universitarios "Melchor Ocampo", que en otras circunstancias hubiera sido altamente benéfica a la institución, pero que en ese momento se convertía en un instrumento desestabilizador de la Casa de Estudios. Su primera aparición fue con el folleto:   Refuta­ción académica al idealismo filosófico y sociológico del rector Bremauntz (agosto de 1964), donde criticaban un artículo; La Ley del Progreso Social y la inquietud de los pueblos por su mejoramiento, atribuido al rector. AI año siguiente la Sociedad publicó sus  Tesis acerca de algunos problemas de la Universidad (febrero), refutada a su vez por el Partido Comunista, al que contestaron los de la Sociedad en: Pedagogía y Política (julio). En 1966 publicaron su Perspectiva histórica de la Universidad Michoacana (marzo), estudio encaminado a presentar los males como endémicos, omitir lo positivo separar las luchas universitarias del contexto general del país y de la entidad. Finalmente, los de la Sociedad publicaron:  La lucha política y lucha pedagógica  en la   Universidad  Michoacana,  donde  arremetieron contra la "alumnocracia", el anarquismo, el  comunismo y  la  lucha entre la Universidad y el Estado.[26]

Auditoria  "Samuel   Ramos".

A pesar de las profundas carencias económicas, la Universidad siguió „ curso. La carrera de Ingeniero Industrial creada en la administración De Gortari, con tres especialidades (Mecánica, Eléctrica y Química) se transformó, y surgieron de su seno tres escuelas independientes entre sí a partir de 1965, lo cual implicó un fuerte gasto que aumentó el déficit pre­supuestal. Para ese año se pedían $ 15'275,715.65, y sólo se dispuso de $ 10'495,000.00. Se tuvieron que recortar varias partidas y     suprimir la Escuela Secundaria Nocturna; pero este plantel fue protegido, por gestiones de la misma Universidad para su incorporación a la Secretaria de Educación Pública. Además, se interpuso recurso de inconformidad contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el cobro indebido de $ 703,018.35 correspondientes a cuotas de los trabajadores; no procedía ese cobro porque la Universidad se había retirado del Seguro el 9 de julio de 1963. En este mismo año, el señor Arnulfo Avila, tesorero del Estado, en su testa­mento dispuso se entregara a la Universidad un millón y medio de pesos para la construcción de un Auditorio que años después se construyó poniéndosele el nombre de] donante. Más larde, en un acto de irreflexiva pasión política, se le cambió el nombre por "Dr. Samuel Ramos", que actualmente tiene.[27]

En las relaciones entre el Estado y la Universidad se guardaban  muy bien las apariencias. El gobernador visitaba los planteles, daba el subsidio con incrementos  constantes,  apoyaba  las  gestiones  de mayor  ayuda  por parte de la Federación, donaba terrenos para  algunas instituciones y aun para   la Ciudad   Universitaria,   tomándolos  del   fundo   legal de   la   ciudad de Morelia, y acompañaba a los altos funcionarios que visitaban  la   vieja Casa de Estudios. El 21 de octubre de  1964 se entregó un diploma al Presidente López Mateos en el Teatro Universitario "José Rubén Romero"; el primer mandatario concurrió acompañado del gobernador; habló en el acto el  rector Bremauntz.  El  13 de marzo de   1965, en ocasión del IV centenario de la muerte de don Vasco  de Quiroga —el ilustre fundador del Colegio de San Nicolás—, asistió al acto solemne el licenciado Agustín Yáñez,  Secretario   de  Educación   Pública,  y   el  gobernador   Arriaga;  los oradores fueron el licenciado Pablo G.  Maclas, presidente de la Junta de Gobierno, y el licenciado Arnaldo Córdova. Y el 30 de septiembre del mis­mo año, al conmemorarse el bicentenario del natalicio de don José María Morelos, en el Colegio de San Nicolás —su Colegio— se efectuó un acto presidido por el  Presidente Gustavo Díaz Ordaz, rectores de las universidades, representantes diplomáticos de la Unión Soviética y Cuba, y desde luego el gobernador y los integrantes de los Poderes del Estado. Hablaron: el rector Bremauntz y el doctor Enrique Arreguín Vélez de  la  Junta de Gobierno, además del alumno Cuauhtémoc Olmedo, presidente del CEN.[28]

El 15 de diciembre de 1964, en el Colegio de San Nicolás, el embajador de Cuba, doctor Hernández Armas, recibió la estatua de Emiliano Zapata, donada por nuestra Universidad al heroico pueblo cubano; la escultura fue obra de Raúl García, maestro de la Escuela Popular de Bellas Artes. Se colocó en La Habana, en un hermoso parque entre la Quinta Avenida y la calle 26, en Miramar, inaugurándose el  10 de septiembre de  1965  con asistencia del artista, a quien acompañó el rector nicolaita; en el acto habló el notable intelectual Juan Marinello. Al día siguiente, en el claustro de la Universidad de La Habana se rindió un homenaje a Bremauntz como titular de "la más progresista Universidad mexicana", según dijo el doctor Salvador Vilaseca Forné, rector de aquella Casa de Estudios.[29]

Todo parecía desarrollarse normalmente, y sin embargo las relaciones eran tensas, no sólo por la actividad de los grupos de choque que hemos mencionado, sino por otros signos no menos alarmantes. La proximidad del cambio de rector era presagio de tormenta; no se trataba solamente de la inquietud que provoca un hecho de esa naturaleza sino' la persistente campana Para torcer el rumbo de la Universidad, por parte de los sectores conservadores del país y el gobernador del Estado. En los primeros meses de 1966 se inició el proceso de consulta en la comunidad universitaria, y desde luego se manifestó el interés del gobernador por colocar un rector adicto. Se inició la auscultación de acuerdo con la ley en un clima de intimidación y presiones de toda índole sobre los maestros, los dirigentes estudiantiles, el rector y los miembros de la Junta de Gobierno, El rector, en representación del Consejo Universitario, había denunciado ante el Mi­nisterio Público Federal las agresiones a los universitarios, sobre todo la del licenciado Córdova; y el día 24 de abril fue aprehendido en su despa­cho, y conducido con lujo de fuerza hasta el Palacio Federal, escoltado por dos agentes de la policía judicial. El rector se dirigió al Presidente de la República y a otros funcionarios en protesta por ese acto inusitado, y  Díaz Ordaz le contestó deplorando el incidente; el Procurador General de Justicia, Antonio Rocha, lamentó aquel hecho de violencia innecesaria.[30] El presidente de la Junta, Pablo G. Macías, refiere en sus "testimonios nicolaitas" la serie de insinuaciones y amenazas que recibió de parte del gobernador a través de sus enviados; se pretendía que el nuevo rector no fuera un universitario de izquierda, y ni siquiera alguno de los destacados liberales, de religión protestante, de los dos que se proponían por algunos sectores o grupos de la comunidad: los doctores Melchor Díaz Rubio y Nicanor Gómez Reyes.

La repulsa del gobernador hacia estos dos universitarios tenía su explicación en un hecho que casi siempre ha repercutido negativamente en nuestra Casa de Estudios: la sucesión del primer mandatario del Estado, con todas las implicaciones que tiene en la situación política de la nación. El cambio sería hasta 1968, y parecería prematura la toma de posiciones, pero en verdad no lo era según los usos de nuestra peculiar democracia. Hacia 1966 era evidente el rompimiento de Díaz Ordaz con su antecesor y sus amigos, sobre todo aquellos que, por motivos religiosos, se agrupaban en torno  a  la señora  Eva Sámano  de López Mateos, quien  tal  vez sin proponérselo influía en ciertos sectores políticos de Michoacán  donde familia había vivido algún tiempo, pues su padre fue pastor en varios luga­res del Estado. Al producirse la ruptura, era natural que los políticos de esa religión  a quienes  se suponía protegidos  o   favorecidos por  la  respetable señora  resintieran la persecución  del   nuevo  régimen,  y   Amaga   Rivera cuyo poder se  había originado en  el  régimen lopezmateista, aceptaba las reglas del  juego  y  se  alineaba, como  cualquiera   de nuestros "políticos" carentes  de  una ideología definida, a  la  nueva  corriente  presidencialista del diazordacismo.

La Junta de Gobierno concluyó la auscultación y, tras una agotadora sesión en la que analizó la personalidad de los diversos candidatos, designó rector de la Universidad al doctor Nicanor Gómez Reyes, a la media noche del 30 de julio de 1966, y en la madrugada se trasladaron los miembros de dicha Junta al Palacio de Gobierno para informarle al señor gobernador, quien se mostró altamente disgustado por aquel revés. Sin embargo asistió unos días después a la ceremonia de toma de posesión del nuevo rector, y públicamente le felicitó y alentó en su nuevo cargo. Los univer­sitarios, en declaraciones expresas, manifestaron su adhesión a Gómez Reyes, con la única excepción de un grupo de la Facultad de Jurispruden­cia que se declaró en huelga, movimiento que no fue secundado por los demás estudiantes.[31]

Con cierto optimismo inició su gestión el rector Gómez Reyes. Hombre prudente y de firmes convicciones liberales, evitó cualquier enfrentamiento con el gobernador y creyó de buena fe en las declaraciones del mandatario sobre su respeto a la autonomía universitaria. La realidad era distinta; continuaba la política de hostigamiento a las nicolaitas, a cargo de las juventudes priístas y de otros provocadores infiltrados en aulas y organismos de la institución, que llegaron a estar fuera del control directo del gobernante. No creemos que éste fuera responsable de cada acto de esas brigadas, pero bastaba con que sus jefes creyeran que tal o cual movimiento sería del agrado de Arriaga Rivera para que lo llevaran a cabo sin medir las consecuencias negativas que podría traer  al funcionario.

Dr. Nicanor Gómez Reyes.

El domingo 2 de octubre los estudiantes anunciaron un mitin en la plaza pública para protestar por el alza en los pasajes del servicio urbano de autobuses, por considerarlo lesivo para los intereses de la población. Al atardecer, una brigada de jóvenes gobiernistas arrebató el equipo de sonido que se había instalado para el mitin, y lo llevaron a las oficinas de la Procuraduría de Justicia; los despojados llegaron hasta allí para reclamar sus aparatos y fueron recibidos con golpes y disparos de armas de fregó; después del tiroteo se recogieron varios heridos y un estudiante de la Escuela de Comercio gravemente lesionado en la ca­beza; se trataba del joven Everardo Rodríguez Orbe, quien falleció a los pocos minutos. Este hecho llenó de indignación a los universitarios; por segunda ocasión en el gobierno de Arriaga Rivera corría la sangre de los nicolaitas. Se reunió el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, y el primero de esos organismos acordó pedir el castigo de los responsables y la desapa­rición de los Poderes del Estado. De inmediato, el presidente del Comité Estatal del PRI, Mario Ruiz Aburto, renunció a su cargo al ser señalado como el principal responsable de los hechos; y  todo   parecía   indicar  que   el gobernador sería reemplazado. Tal vez en el ánimo del mismo gobernador predominaba esa seguridad, pero en una jugada maestra se acomodó a los nuevos tiempos, proclives a la represión y a la violencia. Inventó una conjura para desestabilizar al país con la finalidad —según su plan— de derrocar al Presidente de la República. La conspiración tenía como sede la capital de Michoacán, pero estaba manejada por las embajadas de los países socialistas, sobre todo la URSS y Cuba; los ejecutores del plan eran algunos maestros de la Universidad, entre ellos los doctores Jaime Alfonso Díaz Rozzoto, Arturo Meléndez López y Ludovic Osterc, catedráticos de la Facultad de Altos Estudios, quienes a su condición de exiliados políticos unían su militancia en las filas de la izquierda. Se señalaba también a maestros que pertenecían al Partido Popular Socialista, con el cual había roto el gobernador en el momento que le había parecido oportuno (en el conflicto de 1963 habían estado a su lado contra el doctor De Gortari); a los maestros y dirigentes del Partido Comunista, desde luego les imputaba una serie de actos terroristas como atentados a las plantas de agua potable y energía eléctrica, así como asaltos a comercios y periódicos. Fue­ron señalados algunos políticos de la capital como los caudillos de aquella subversión, principalmente el senador Rafael Galván Maldonado, que en ese tiempo trataba de organizar un movimiento democrático de los trabajadores, independiente del control oficial, y el licenciado Salvador Pineda, dedicado entonces a tareas docentes y administrativas en la Secretaría de Educación. Este era el cuadro que presentaba e) gobernador, falso desde todos puntos de vista, pues los maestros extranjeros no eran, en modo alguno, perturbadores del orden sino hombres de alto prestigio intelectual consagrados a sus cátedras y a sus libros, sin transgredir las leyes del país que les daba refugio; y así por el estilo era todo lo demás de ese plan inventado por Arriaga Rivera para buscar su salvación.[32]

Los universitarios se agruparon en torno a sus autoridades y declararon una huelga general para exigir el castigo de los asesinos de Rodríguez Orbe y la salida del  gobernador.  El Congreso  del  Estado, solidarizado con el Ejecutivo y confabulado en el plan de ataque a la Universidad, pidió al gobierno federal la intervención del ejército, y Díaz Ordaz, que ya ensayaba los métodos que haría memorables en el año de 1968, ordenó la movilización del ejército al  mando del  general  Hernández   Toledo, el mismo que en Tlatelolco habría de distinguirse por su  ferocidad contra el pueblo. El día 8  de  octubre  se  escribió  una  de las  páginas  negras  en  la   vida del glorioso Colegio de  San Nicolás:  el plantel  fue  ocupado  por el  ejército, que con ese acto hizo retroceder el tiempo  a la época de la insurgencia y del Segundo Imperio. Penetraron los soldados en el recinto de Hidalgo, y saquearon los  anaqueles de oficinas  y bibliotecas para ofrecer al público fotografías de libros y revistas de propaganda "subversiva" procedente de la China Popular, puesta allí para adoctrinar a los nicolaitas en las tesis de Mao-Tse-Tung. Recursos de la más baja especie se  pusieron en juego; se aprehendió a más de un centenar de maestros y estudiantes, se allanaron domicilios de maestros a quienes se encarceló a pesar de encontrarse seria­mente enfermos, incluyéndose hasta niños y jóvenes familiares a los que se tomaron como presos en los cuarteles. Todo esto mereció la repulsa general en el país, aunque el gobernador desplegó una costosa campaña de prensa para presentar la trama de aquella conjura que sólo existió en su mente como un recurso político. Se organizaron también manifestaciones con los cono­cidos  procedimientos  de   concentración y   el   beneplácito  de  las  "fuerzas vivas" de Michoacán, y de las sumisas organizaciones obreras, campesinas y burocráticas. Se escribieron libros en los que se denunciaban los nexos de aquella abortada sublevación en la que incluso se pretendió inmiscuir al general Lázaro Cárdenas como el principal agitador contra el gobierno de la  República.   En  alguno  de  esos  libros se buscó una conexión  con  los acontecimientos que más tarde tendría por escenario la ciudad de París, como una acción internacional del comunismo contra el "mundo libre", lo cual no pasó de ser otra invención de ¿maga Rivera, del Presidente Díaz Ordaz y sus consejeros.

La acometida alcanzó también a los miembros de la Junta de Gobierno, obligados a renunciar hasta quedar solamente dos (el presidente Pablo G. Macías, y el maestro Miguel Arroyo de la Parra). El rector presentó su renuncia desde los primeros días pero no fue entregada a la Junta, y tal parece que le fue arrancada por medio de tortura física. Sin embargo, el gobernador presentaba la ausencia del rector como "abandono de funciones" (14 de octubre) y daba por renunciada a 6 de los miembros de la Junta, para señalar la tenaz resistencia que aun oponía el licenciado Macías.

En ese ambiente de inquietud, con la totalidad de los planteles en huelga y el Colegio en  poder del ejército, se reunió el Congreso del Estado para conocer el proyecto de reformas y acciones a la Ley Orgánica, enviado por Arriaga  Rivera.  En los considerados del  proyecto se aducen  como justificación de la acción estatal los embates de "una conjura en contra de las instituciones en general, no de un gobierno local en particular, a cargo de  agitadores profesionales  que   tomara como  cuartel general   el  ilustre Colegio  de  San   Nicolás de  Hidalgo". De este modo  quedaba justificado el acuerdo del Congreso (6 de octubre) que solicitó el auxilio del gobierno federal conforme al art. 122 constitucional; se trataba de un caso de "trastorno interior".  Las reformas  a la Ley tenían el  propósito de  normalizar las labores universitarias a la mayor brevedad. Como era de esperarse el Congreso aprobó  el  proyecto  y  dio su decreto 45,  que fue  promulgado al día siguiente. Inmediatamente el Ejecutivo designó a los miembros de la Junta de Gobierno: licenciado Enrique tirada Aceves, doctor Rosalío Ro­dríguez Díaz, licenciado Ángel  Baltasar Barajas  (secretario), doctor José Santos Ramírez (presidente), ingeniero :Ignacio Alcalá Delgado, licenciado Guillermo Morales Osorio e ingeniero José Guzmán Cedeño. Desde luego, su primera tarea fue nombrar rector al fondado Alberto Lozano Vázquez, maestro universitario ligado siempre  a las altas esferas del  poder; había sido magistrado y Procurador de Justicia en diversas administraciones. En aquellas  condiciones  dramáticas era por lo menos una  débil  garantía de que habría de conservarse la trayectoria progresista de la Universidad.

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