Historia del Colegio de San Nicolás

Autor

Raúl Arreola Cortés

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VI DON MELCHOR OCAMPO ABRE y SECULARIZA EL COLEGIO 

VI

DON MELCHOR OCAMPO ABRE y SECULARIZA EL COLEGIO

Se consuma la independencia del país.- Vicios heredados de la Colonia.- La compañía Lancasteriana ocupa el edificio del Colegio.- El canónigo Borja Romero se opone.- El patronato corresponde a la nación.- Se funda la cátedra de Medicina.- La Junta Inspectora de Instrucción Pública.- El obispo Portugal.- Decreto de Reapertura en 1832.- Materias del Plan de Estudios.- Se frustra la reapertura.- La administración de Gómez Farías.- El cólera morbus.- Se instaura el centralismo en la nación.- Se pide nuevamente al Cabildo la cesión del Colegio al gobierno estatal.- El Cabildo accede.- El acta en que lo entregó.- Asume el gobierno don Melchor Ocampo.- Solemne acto de reapertura.- Plan de Estudios y maestros.- El reglamento.- Los bienes.- Ocampo tiene planes para crear la Universidad de San Nicolás de Hidalgo.- Se crea en el Colegio la carrera de abogado.

El abatimiento del régimen colonial se logró con grandes sacrificios populares. La pérdida de vidas fue considerable; sólo en la provincia de Michoacán calculó Juan José Martínez de Lejarza que habían muerto más de once mil personas, cifra que parece pequeña ante la magnitud del conflicto. A estas graves pérdidas deben sumarse las de la agricultura, la industria y el comercio, que se vieron afectados por una década de revueltas sostenidas principalmente por las grandes masas de campesinos, indios y mestizos, que siguieron a sus caudillos[1]. Hidalgo y Morelos, así como los principales jefes del levantamiento de 1810, como hemos dicho, perecieron en el patíbulo o en los campos de batalla. La resistencia del poder colonial fue tan intensa como el ansia de libertad y el deseo de un cambio social.

La consumación de la independencia fue el resultado de una maniobra de los sectores privilegiados de la Nueva España que vieron amenazados sus intereses por el establecimiento de un gobierno liberal en la península española después de la victoria popular contra los invasores franceses.

La consumación fue movida por el cálculo y la conveniencia de quienes, habiéndose opuesto a la revolución insurgente, veían amenazados sus bienes y privilegios, ya no por los levantamientos de los descontentos, sino por las leyes liberales promulgadas en la península; entonces los verdugos se tornaron libertadores, y una nación cansada y destruida, desmoralizada por la muerte de sus mejores hombres, dio paso a un régimen que, si bien garantizaba la libertad respecto a España, conservaba intactas las instituciones caducas, los vicios y las injusticias. Algo se había conseguido: el derecho a ser libres. Ahora, bajo la sombra de esa libertad conquistada a muy alto precio, se iniciaría el proceso de modificación de las estructuras coloniales. De este modo, la burguesía mexicana encontraba un camino hacia el poder, aunque la resistencia del medievo seguía tenaz y obstinada[2].

La Constitución de Cádiz, promulgada el18 de marzo de 1812, recogió principios e ideas que, tanto en Europa como en América, se habían esbozado en los círculos ilustrados desde finales del siglo XVIII, y que eran comunes a todos los pueblos, como: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales". Este principio de soberanía fue sostenido por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, por los conspiradores de Valladolid en 1809 y por los de Querétaro en 1810. En todos los casos sus defensores fueron reprimidos con saña y conducidos a las mazmorras o al patíbulo[3].

En 1821, aquellos individuos que se opusieron a los insurgentes, de pronto se mostraron partidarios de la independencia, y buscaron en las quebradas de los cerros a los últimos vestigios de aquella lucha heróica para sellar un pacto y declarar a la nación separada de España. Con este viraje de los sanguinarios "realistas" quedó claro que lo único valioso para ellos eran sus intereses, y que el movimiento insurgente era una auténtica revolución para cambiar las bases de la sociedad y no sólo para separarse de España. Pronto se vio que la independencia así concebida no resolvía los problemas ancestrales de México, pues los verdugos del pueblo pasaron a ser los gobernantes, y hasta un emperador salió de esa cantera funesta teñida en sangre.

La Constitución de Cádiz fue el modelo de los proyectos constitutivos de la nación elaborados por los insurgentes, como el de 1814 sancionado en Apatzingán. También el de 1824, convertido ya el país en República Federal. En la elaboración de la primera constitución republicana participaron los exalumnos del Colegio de San Nicolás: Ignacio López Rayón, José María Izazaga, Miguel Domínguez y otros[4].

La influencia de la Constitución gaditana se extendió a las que se formaron en los Estados de la naciente República, Michoacán entre ellos. La Constitución del Estado Libre Federado coincide en varios puntos con la de Cádiz, como puede verse al comparar, por ejemplo, el título IX de ésta con el VI de aquélla, ambos referentes a la Instrucción Pública.

La instrucción del pueblo fue preocupación muy especial de los gobernantes y gentes de influencia desde los comienzos del siglo XIX, exagerándose sus beneficios. Aquellos hombres bien intencionados, producto de las doctrinas de la Ilustración europea, confiaban en forma desmedida en la instrucción de las masas, sin advertir que la sociedad necesitaba cambiar en su conjunto y que la educación era sólo un aspecto que no podía modificarse aisladamente.

Los constituyentes michoacanos, hombres de letras y de amplia sabiduría, reconocieron el valor inestimable que tenía el antiguo Colegio de San Nicolás, y procuraron su reconstrucción y reapertura, propósito en el que coincidieron con los miembros del cabildo eclesiástico, formado también por hombres de amplia preparación y buen juicio. En la sesión del Constituyente del 29 de julio de 1824, el licenciado José María Jiménez habló del estado en que se hallaba el edificio del antiguo plantel y propuso la reedificación, con el fin de iniciar la reforma de aquel benéfico establecimiento educativo. Unos días más tarde, el 17 de agosto, volvió a tratarse ese asunto, y se pidió a Jiménez que en vez de la palabra reforma usara restable­cimiento. En la sesión del día 21 del mismo agosto, la Comisión de Instrucción Pública aprobó que el gobierno se dirigiera al cabildo eclesiástico para pedir sus opiniones e instrucciones sobre erección, patronato y reapertura del Colegio de don Vasco[5].

Con la revolución, o a consecuencia de ella, gran parte de los capitales con que contaba se habían perdido; no quedaba -dice Bonavit- "del flamante Colegio de San Nicolás más que el edificio que se derruía y del antiguo y caudaloso capital unas cuantas casas que, lo mismo que el Colegio, amenazaban caerse, y unos cuantos réditos cuyo monto no llegaba a $ 2,000 anuales H. El cabildo nombró al canónigo Francisco de Borja Romero como superintendente, y él con más entusiasmo que éxito se dio a la tarea de rescatar lo poco que sobraba de aquel patrimonio[6].

La postración colonial había dejado como herencia ominosa un crecido número de analfabetas. Reducido fue el intento de los primeros gobiernos independientes; abatir ese 90 o 95 % de indios y mestizos iletrados no era sencillo, y se pensó en un procedimiento pedagógico empleado en la India por los señores Bell y Lancaster, que consistía en que, a través de "monitores” de los mismos alumnos, un solo maestro podían atender a varios grupos numerosos y diversos. Se invitó a maestros extranjeros que vinieran a México y enseñaran ese método llamado lancasteriano; se crearon Sociedades en las que participaron las personas de mayor relieve social. Fundada la Compañía Lancasteriana en México (1822) por Manuel Codorniú, conocido liberal, se consideró como una institución contraria a la influencia clerical en la educación, por lo que el clero se abstuvo en un principio de epoyar esa empresa. Más, disipadas las prevenciones, se logró que entre las personas notables que formaban las Juntas estatales se contaran los sacerdotes y las gentes de reconocida religiosidad. En Valladolid de Michoacán se formó una Junta en 1827, la cual invitó a los profesores lancasterianos para que establecieran en la ciudad una escuela de primeras letras[7]. Y como no había un edificio amplio que albergara ese plantel, y que fuera suficiente para un gran número de alumnos, solicitaron al cabildo eclesiástico les rentara el antiguo. Colegio de San Nicolás, comprometiéndose a reparado pues, como hemos dicho, se hallaba en estado ruinoso. El cuerpo catedralicio aceptó las condiciones propuestas, y al efecto se presentó el señor José Bellido, a nombre de la Sociedad para ver las mejoras que eran indispensables, y su costo con el fin de proceder de inmediato.

El canónigo Borja Romero estaba muy anciano y enfermo; no asistió a la reunión del cabildo donde se aprobó el negocio con la Sociedad Lancasteriana. Al enterarse de lo convenido, y con la firme creencia de que se pretendía dedicar el edificio a un fin diferente al señalado por don Vasco de Quiroga, escribió a sus compañeros de cabildo, y como no le dieran respuesta, se dirigió al gobierno del Estado manifestándole su desacuerdo con los otros canónigos. Propuso que el gobierno se hiciera cargo del Colegio en uso del patronato que antes habían tenido los reyes de España y ahora correspondía al gobierno independiente.

El gobernador, José 1: Salgado, pidió al cabildo que expusiera las razones en que apoyaba su derecho al patronato sobre el Colegio. Era un asunto sumamente complicado. Se encontraba inserto en el marco juddico-político de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en el México independiente. El Congreso General Constituyente había tratado con amplitud los diversos puntos de vista en torno al ejercicio del patronato como un derecho de la nación libre. La declaración de que la soberanía estaba en el pueblo era el punto de partida; pues si éste se hallaba representado en el Estado, a él pertenecía el ejercicio de eSe derecho, que antes habían tenido los reyes de España. Se analizaron los orígenes del patronato real, distinguiéndose en los debates fray Servando Teresa de Mier, quien puso en duda el derecho de los monarcas y de los pontífices para disponer de lo que no les pertenecía. Pero existía una realidad que no podía ocultarse: la misma asamblea constituyente había declarado a la religión católica como única, y por tanto alguien debería proponer la dotación de los curatos, canongías y obispados de la iglesia; y así se volvía al primer planteamiento. Se distinguieron en esta asamblea tres formas de patronato: 1. De protección y tuición (defensa). 2. De honor y preminencia. 3. De presentación para beneficios eclesiásticos. Los constituy.entes estuvieron de acuerdo en que las formas primera y segunda no eran problemáticas y pertenecían por completo a la potencia civil; en tanto que la tercera era el centro del embrollo, pues pertenecía a la Iglesia, y sólo podría intervenir la autoridad civil en ese terreno mediante un concordato con la Santa Sede[8].

Los argumentos del cabildo eclesiástico de Michoacán, expre­sados ante el gobierno por el canónigo doctoral, licenciado Pablo Domínguez, no podían ir más lejos. Invocaron el testamento de don Vasco de Quiroga como base de su derecho a la administración del Colegio, y afirmaron que el trato con la Sociedad Lancasteriana no alteraba las funciones señaladas por el fundador por tratarse de una institución educativa, y era una ocupación temporal sujeta a con­trato de arrendamiento; de este modo, decía el señor Domínguez, se evitaba que el edificio se destruyera aun más, y se evitaba su utilización como cuartel, lo que frecuentemente había sucedido. Terminó el señor doctoral con una petición de ayuda del gobierno para la reconstrucción del edificio en cuestión, para que el cabildo lo rentara a la Sociedad Lancasteriana[9].

El contrato con la Compañía Lancasteriana siguió su curso. El edificio fue reparado convenientemente, y empezó a funcionar el plantel, de modo que los días 25, 26 Y 27 de febrero de 1827 se llevaron a cabo allí los exámenes de los alumnos, "en el Aula general del edificio del primitivo Colegio de San Nicolás Obispo"[10].

La guerra entre centralistas y federalistas impidió al gobierno del Estado llegar al fondo en el asunto del patronato de San Nicolás, que no volvió a tocarse por algún tiempo. Cuando se volvió a ello, fue a nivel general, como parte de las relaciones Estado-Iglesia en el país.

Desde 1825 el Congreso General comisionó al canónigo de Puebla, Francisco Vázquez, para que en el nombre del gobierno mexicano fuera a Roma para tratar sobre la designación de obispos, en tanto se resolvía la cuestión del patronato, y en atención a que no quedaba ya ningún prelado y sólo gobernadores de las diócesis, pues los que habían sido consagrados antes de la consumación de la independencia, habían muerto, y no pudieron -sustituirse. En Michoacán, el "último prelado, don Marcos Moriana y Zafrilla, falleció en "1809, y el anterior, Abad y Queipo, había desempeñado el cargo, pero no recibió la confirmación de Roma, por tanto, no fue obispo, ni electo; así que hubo sede vacante en esta diócesis. Como resultado de las gestiones ante el Vaticano se logró que, en 1831, el Papa Gregorio XVI admitiera las propuestas del gobierno mexicano para la designación de varios obispos, entre ellos el de Michoacán, y nombró a don Juan Cayetano Gómez de Portugal, hombre de ideas liberales moderadas[11].

En 1829, el expediente formado en el asunto del patronato del Colegio de San Nicolás pasó al Consejo de Gobierno, una de cuyas

funciones era la de "velar sobre la observancia de la Constitución". Dicho expediente se integró con los escritos del canónigo Francisco de Borja Romero y las réplicas del licenciado Domínguez, así como las actuaciones del gobierno del Estado, y los antecedentes del caso o sean los documentos del siglo XVI en los que basaba el cabildo su derecho al patronato. Del estudio de estos documentos, el Consejo concluyó que correspondía al Estado el ejercicio de principal patrón que antes tuvo el rey de España, por ser el gobierno civil de México el legítimo soberano, título por el cual don Vasco puso al monarca, para administrar el Colegio y no sólo para protegerlo. Correspondía al Estado, por tanto, la dirección del establecimiento, su reapertura y mejoramiento, de acuerdo con el artículo 198 de la Constitución estatal: "El Gobierno dispensará una especial protección al importante ramo de la instrucción pública".

Pero el Consejo de Gobierno, formado en su mayoría por liberales moderados, quiso que su dictamen no significara ningún enfrentamiento con el poder eclesiástico, y recomendó al goberna­dor invitara a los señores canónigos a conversar sobre ese mismo asunto. Así lo hizo el funcionario, y los miembros del cabildo nombraron de nuevo al licenciado Domínguez su representante. En las conversaciones entre este señor y el gobernador Salgado, el doctoral adujo nuevas pruebas de que el rey no ejercía el patronato en administración, pues ni siquiera hizo provisión de las cátedras de jurisprudencia, a través del virrey, conforme al derecho que tenía reservado. Además, el mismo cabildo nunca había afirmado que ejerciera el patronato en nombre del rey. Las razones del representante eclesiástico convencieron a Salgado, y sea por este convencimiento o por la situación política que vivía el país, amenazado por levantamientos financiados por el clero, y en espera de la llegada del prelado propuesto por el mismo Salgado, prefirió dejar pendiente la cuestión[12].

Estado de Michoacán. Mediante un decreto (9 de nov. de 1829) se creó una cátedra de Medicina, a instancias del doctor Juan Manuel González Urueña, presidente del Protomedicato, erigido en octubre del año anterior. En el decreto mencionado se destinó la cantidad de quinientos pesos para la cátedra, más doscientos cincuenta para utencilios y gastos del establecimiento. El Protomedicato formaría el reglamento respectivo, y sugeriría el nombre del catedrático[13].

En el decreto 37, del 21 de noviembre, se aprobó el reglamento para la cátedra de Medicina. Comprendía el estudio de Anatomía descriptiva, Fisiología, Patología general e Higiene pública y privada, en tres años. Para ingresar se exigía haber cursado Filosofía en cualquier establecimiento de enseñanza, aunque no se tuviera el grado de Bachiller en Artes: podrían asistir quienes quisieren, aunque no fueren alumnos, pero estos sin derecho a examen. Al finalizar el segundo año, los alumnos se sujetarían a un examen riguroso, y sólo aprobados (habría tres calificaciones: suprema, media e ínfima) podrían pasar al tercero; al terminar éste, mediante un nuevo examen se les declararía aptos para entrar a prácticar, en calidad de pasantes con algún médico o cirujano. El gobierno premiaría a los mejores[14].

Los cursos no pudieron inaugurarse el 15 de enero 1830, pues el día 10. asumió la presidencia de la República el general Bustamante, y fue reconocido por Salgado hasta el día 12, pero al no contar con la confianza del mandatario del país, el gobernador fue arrojado del poder; sin embargo, permaneció en Morelia hasta el 5 de marzo, en que decidió trasladar su gobierno a Zamora. González Urueña se hizo cargo del gobierno, como consejero decano, y el 12 entregó el poder al vicegobernador. Por estos sucesos, la cátedra de Medicina se inauguró hasta ello de mayo de ese mismo año.

En 1831 desapareció la Sociedad Lancasteriana y se formó una Junta Inspectora de Instrucción Pública destinada a gobernar y vigilar la educación y difundir la enseñanza por el mismo sistema lancasteriano La ley que creó esta Junta dispuso asimismo que se formaran Juntas subalternas en los principales municipios del Estado. Para darle mayor solemnidad, dicha Junta se llamaría "ilustre" y sus siete miembros recibirían el tratamiento de "señorías". Ese organismo manejaría un fondo especial llamado fondo de instrucción, que sería intocable por parte de cualquier autoridad, y se formaría con el 10% de las recaudaciones por funciones de teatro, peleas de gallos, "trucos" y billares, así como de un impuesto que se descontaría del sueldo de los empleados públicos[15].

Integraron la Ilustre Junta: el doctor Angel Mariano Morales, rector del Seminario Conciliar, plantel que se reabrió a sus instancias y de su peculio en 1819; licenciado Mariano Rivas, maestro del mismo Seminario, los señores Antonio Manzo Ceballos y Lorenzo Aurioles; el licenciado Antonio García Rojas; don Camilo Goizueta, militar; y el rico comerciante Vicente Sosa.

El edificio del Colegio de San Nicolás estaba ocupado en parte por la milicia cívica, acuartelada allí desde 1829[16]. El cabildo había dado su anuencia para dicho uso, pero sólo por dos meses, y ya tenía más de dos años. La Junta pidió a los canónigos el edificio para las escuelas de primeras letras, y estos contestaron favorablemente. Pusieron, como única condición, que la citada Junta pagara los réditos de la cantidad de dos mil pesos en que calculaban el patrimonio del Colegio. Estaba reunida la junta el 7 de agosto al recibir la respuesta, y asistía a la reunión el doctor Juan Manuel González Urueña, consejero deceno a quien se pidió el desalojo de las fuerzas milicianas, para facilitar el convenio. Como no se encontrara donde alojar esas tropas, el asunto quedó estancado, hasta que se propuso en el Congreso una medida conciliatoria: como el edificio era amplio, podía dividirse, una parte para el cuartel y otra para las escuelas, mediante un gasto de mil doscientos pesos. Hubo discrepancia en la asamblea legislativa; los diputados Joaquín Domínguez y Lorenzo Aurioles se opusieron con el argumento de que el funcionamiento de un cuartel en una parte del edificio contrariaba radicalmente los propósitos de don Vasco de Quiroga. Los defensores de la iniciativa, sobre todo el presidente del Congreso, licenciado Mariano Rivas, sostuvieron con tal vehemencia la nece­sidad de que funcionaran las escuelas, que se aprobó el proyecto. Todo se había resuelto cuando el diputado Isidro Huarte pidió que, si el Estado iba a gastar en la construcción de aquellas divisiones, a él pertenecía el derecho de manejar el presupuesto del Colegio con el fin de saber en qué se empleaba. Con esto, se resucitó la cuestión del patronato, y se pidió de nuevo, ahora por parte del Congreso, la documentación en que el cabildo basaba su derecho[17].

En una parte de la réplica del cabildo, se menciona el dato de que los canónigos habían tratado de reabrir el Colegio de San Nicolás para que se impartieran las clases de jurisprudencia, pero que no pudieron hacerlo por la ocupación militar del edificio. Dice también el cabildo que los fondos del mismo Colegio se aplicaban al sostenimiento de una escuela de primeras letras en el Seminario Conciliar[18].

El asunto de la reapertura del antiguo plantel entró, como otros asuntos de la nación, en ese difícil trance de las relaciones Estado-Iglesia que se conoce como Reforma. Cada vez que se avanzaba hacia la solución surgía el interés eclesiástico de mantener su control, el que había tenido desde la época colonial. Fue ejemplar la conducta del obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez de Portugal, quien fue el primero en aceptar una nueva distribución de las rentas eclesiásticas, pues, aun después de conseguida la independencia, los obispos y los miembros de los cabildos eclesiásticos obtenían fuertes ingresos, que contrastaban con la pobreza de los curas de indios. El obispo Portugal ordenó una distribución más justa, de acuerdo con sus ideas liberales. Cuando el señor obispo llegó a Morelia (1832), estaba en su apogeo una campaña de los canónigos contra el deán, doctor Martín Gil y Garcés, a quien acusaban de ser complaciente con la autoridad civil.

Una comisión de diputados, formada por el licenciado Mariano Rivas y el señor Pablo Peguero, estudiaron el expediente del Colegio de San Nicolás, y concluyeron que al Estado le correspondía ejercer el patronato que en otro tiempo habían tenido los reyes de España; y no se trataba sólo de un patronato de protección, como había sostenido el licenciado Domínguez en las primeras discusio­nes, sino de una facultad que implicaba la provisión de todo lo necesario para la administración del plantel, facultad que ahora tenían las autoridades del gobierno de Michoacán; por tanto, decían los diputados, es facultad del Congreso ordenar la reapertura del Colegio de San Nicolás. Aprobado este proyecto se procedió a formular la ley respectiva, que promulgó el gobernador el 8 de noviembre de 1832.

El cabildo manifestó su conformidad con el decreto, pero pro­testó contra los artículos 4 y 10, que decían:

“Art. 4. Sin perjuicio del derecho que tenga el Estado a elegir todos los empleados del Colegio de San Nicolás, el Cabildo ecle­siástico nombrará por ahora al rector, vice-rector y catedrático de Gramática, Lógica, Matemáticas, Física, Química y al que deba enseñar las pruebas y los fundamentos de la Religión Católica".

“Art.10. El Rector será también Superintendente y no podrá tener este destino ningún individuo del Cabildo eclesiástico".

Decía el cabildo que no deberían quedar excluidos del derecho de nombrar perpetuamente a los maestros y empleados ni de ocupar el cargo de rector-superintendente. Conforme al citado decreto el nombramiento de maestros de jurisprudencia y eco no mía política corrían por cuenta del gobierno del Estado. Los canónigos protestaron sobre todo por la designación del rector, función que ellos ejercían desde el siglo XVI. El documento de protesta y el acta capitular respectiva están firmados por todos los integrantes del cabildo, presididos por el deán, doctor Martín Gil y Garcés; pero éste se apartó del acuerdo general, y en un escrito al gobierno manifestó haber firmado por disciplina de cuerpo, aunque él estaba por la aplicación del decreto tal como estaba, sin modificaciones; esta actitud del señor deán, unida a los cargos que anteriormente se le hicieron, recrudeció la oposición a su persona[19].

Los diputados Rivas y Peguero propusieron que la reapertura del Colegio se hiciera con aquellas materias que el tiempo hiciera necesarias, pues no era posible abrirlo con las que en él se cursaban en 1810; entonces, decían, eran: dos de idioma latino, una de tarasco, una de filosofía, dos de teología escolástica, una de moral y dos de jurisprudencia. "De ellas era imposible restablecer la cátedra de Idioma Indígena, por la falta de maestros competentes para enseñar ese lenguaje; la antigua de filosofía debía transformarse en una de química que es mil veces más útil que la de filosofía puramente especulativa, añadiendo el estudio de la Historia Natural que no se enseñaba en ningún colegio de la nación; en cuanto a las de Teología, debían suprimirse por la falta de cursantes, pues aun las del Seminario se encontraban desiertas la mayor parte del año. Dichas cátedras debían conmutarse en una de Derecho teórico-práctico y en otra de Teología moral, conservándose las antiguas de Derecho; pero enseñándose en una el Derecho Natural, el de Gentes y el Político; en la otra el Civil y el Canónico. Necesitando el Estado una cátedra de Economía Política, debería establecerse pagándose el profesor con fondos de la Tesorería Genera1”[20].

Este plan de estudios requiere de alguna reflexión. En primer lugar sobre la lengua indígena. Al consumarse la independencia, los indígenas adquirieron ante la ley la misma condición que los demás ciudadanos; aquella excepción que las Leyes de Indias contemplaban por justiciera y que tendía a la protección de los nativos, dejó -el paso a la igualdad jurídica: todos eran ciudadanos de la República, cobijados por el manto augusto de la Constitución. En la realidad, los indígenas estaban muy lejos de dicha igualdad, y eran víctimas de la explotación y el menosprecio; siempre separados de los cargos de decisión y gobierno, así como de la fortuna. Sólo Vasco de Quiroga, muy fugazmente y en los límites de los hospitales-pueblos, les había dado en el siglo XVI un poco de poder y de capacidad de autogestión; desaparecido el obispo y elevados al mando civil y eclesiástico los enemigos de su filosofía política, los indios queda­ron atrapados en los engranes de una maquinaria injusta. Si Quiro­ga había pugnado por una verdadera integración, y quería que los sacerdotes egresados de San Nicolás aprendieran las lenguas indígenas como un instrumento útil para el acercamiento y la comprensión; los que iban a formarse ahora, ya no como sacerdotes, sino como profesionistas liberales, no necesitaban ese instrumento porque no iban a trabajar con los indios ni a mezclarse con ellos, mucho menos a servirles. No era, la imposibilidad de encontrar maestros lo que movía a los diputados de 1832 a suprimir el estudio del tarasco; se trataba de un motivo más fuerte o sea el impulso de su ideología social.

La Economía Política como materia de enseñanza hizo su aparición a finales del siglo XVIII al hacerse patentes las contradicciones sociales del sistema capitalista. Desde entonces fue considerada como el medio más seguro de adentrarse al estudio de los fenómenos económicos y prevenir sus efectos. En nuestro país, las clases pudientes se interesaron vivamente por estos estudios, y sobre todo después de la consumación de la independencia se produjo esa euforia constitucional y también el economicismo, presentados ambos como panaceas para sanar al país de todos sus males. En el Congreso Constituyente de la República Federal se propuso formalmente la creación de los estudios de Economía Política, y hubo una corriente favorable a esa iniciativa, no sólo en el seno de la asamblea nacional sino en los congresos constituyentes de los Estados, entre ellos el de Michoacán. Por lo cual no es extraño que se propusiera esa cátedra en el proyecto de reapertura del Colegio de San Nicolás.

Es de hacer notar que en esta etapa del Colegio fueron los maestros del Seminario Conciliar quienes realizaron los esfuerzos más nobles y renovados para que el antiguo plantel abriera de nuevo sus puertas, del mismo modo que en el siglo anterior los maestros de San Nicolás trabajaron para la fundación del Seminario.

La introducción de los estudios de Química obedecía a una tendencia muy extendida entre los hombres progresistas de la época. En todas partes se formaban asociaciones, juntas y consejos para fomentar la industrialización. La burguesía nacional cifraba en ella las más risueñas esperanzas, y para lo grarlas buscaba el apoyo del capital extranjero, sobre todo el inglés. Se soñaba en una abundante producción apoyada en un plan de exportaciones que, en breve tiempo, hiciera florecer al país. Desgraciadamente, estos sueños no pudieron realizarse, y tampoco el incremento de los estudios científicos en los planteles de enseñanza superior.

Los estudios de Historia Natural eran también novedosos, y propios de la secularización del pensamiento. No hay que olvidar que Melchor Ocampo, el sabio naturalista, estudió en ese tiempo en las aulas del Seminario Conciliar de Valladolid; allí se formó en las disciplinas filosóficas y científicas; y en esas mismas aulas se había educado el licenciado Rivas, uno de los autores del plan de estudios que comentamos, y más tarde rector del mismo Seminario, al que imprimió una dirección progresista, seguramente con el acuerdo del obispo Portugal, quien le designó en ese cargo en 1832[21].

Del Seminario Conciliar venía también la idea de crear la cátedra de Derecho Natural y de Gentes, que allí se estableció desde el año de 1823, según el decreto del 13 de agosto: "se darán en la cátedra de Cánones, los tres primeros meses de cada año escolar, lecciones de Derecho Natural y de Gentes por Heinecio"[22].

La enseñanza de la Física se daba igualmente en el Seminario. La estableció, desde su llegada el obispo Portugal, quien dotó al plantel de instrumentos con los que se montó un gabinete experimental; Se adoptó como texto el Tratado de Física de Biot, que entonces se usaba en Francia. "N o parece posible -decía Rivas- una recomendación más grande del singular mérito de esta obra". El mismo texto se propuso seguramente para San Nicolás[23].

El gobernador nombró al diputado Francisco Camarillo para que, con su representación, pidiera cuentas a quienes hubieran manejado los bienes del Colegio de San Nicolás; e hizo encargo al diputado Rivas para que procediera a su pronta reapertura. Como sólo quedaban dos canónigos que habían sido procuradores o administradores (Martín García y Domingo Garfias), estos nombraron sus representantes. El cabildo ordenó desde luego la supresión de los quinientos pesos que anualmente se pagaban al maestro de primeras letras que atendía la escuela anexa al Seminario.

El cabildo formuló un reglamento que sería enviado al Minis­terio de Justicia e Instrucción Pública del gobierno central, por conducto del gobierno departamental. El doctor Bonavit publicó sólo un capítulo (el único que le remitió el doctor Nicolás León), que se refiere a los fondos del Colegio, su recaudación, conservación e inversión[24].

Todo estaba listo para que San Nicolás reiniciara sus actividades, pero el Estado de Michoacán entró en un período de agitación por la firma de los convenios de Zavaleta que pusieron fin al enfrentamiento entre federalistas y centralistas; una tregua tan solo para que los elementos conservadores se reagruparan para nuevas batallas. El principio federalista había sido defendido en el territorio michoacano por dos caudillos de primera línea: Juan José Codallos y José Salgado; el primero era el jefe militar que, en unión de Vicente Guerrero, dirigía la lucha en el país; y el segundo desempeñaba el cargo de gobernador en el Estado.

Al conseguirse la tregua de la hacienda Zavaleta, Salgado re­gresó al poder en condiciones precarias, pues todas las fuerzas reaccionarias de la sociedad michoacana estaban en su contra. Su regreso fue más bien simbólico, y él tuvo que proceder con suma prudencia; desconfiaba sobre todo del clero, cuyos miembros participaban abiertamente en campañas políticas y ocupaban sitios en el Congreso local; y como de allí había partido la iniciativa de reapertura del Colegio de San Nicolás, el señor Salgado pidió al cabildo eclesiástico que suspendiera lo de San Nicolás, y todo quedó en proyecto[25].

Tenía tanta razón el señor Salgado en desconfiar de sus enemigos emboscados, que a los pocos días de su gobierno, el 26 de mayo de 1833, la guarnición de Morelia al mando del capitán Ignacio Escalada, se levantó en armas para "sostener a todo trance la santa religión de Jusucristo y los fueros y privilegios del clero y del ejército, amenazados por las autoridades". El gobernador y el Congreso emigraron del Estado, aunque regresaron poco tiempo después[26].

La situación del país fue difícil e inestable. La pequeña burguesía, fogueada en las luchas por la independencia y el federalismo, tomó el poder al elegir presidente al general Antonio López de Santa Anna, y vicepresidente al doctor Valentín Gómez Farías, quien de hecho gobernó y puso en práctica un programa en que se atacaban radicalmente los fueros del clero y del ejército y la viciosa distribución de la riqueza nacional. Revolución audaz desde el poder fue la de Gómez Farías, cuyo programa consistía en: "1. Libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa. 2. Abolición de los privilegios del Clero y la Milicia. 3. Supresión de las instituciones monásticas, y de todas las leyes que atribuyen al Clero el conocimiento de los negocios civiles, como el contrato de matrimonio, etc. 4. Reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública, y designación de fondos para pagar desde luego su renta, y de hipotecas para amortizarlas más adelante. 5. Medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de este ramo de la riqueza pública, y facilitar los medios de subsistir y adelantar a las clases indigentes, sin ofender ni tocar en nada el derecho de los particu­lares. Mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender, y la inculcación de los deberes sociales, por la formación de museos, conservatorios de artes y bibliotecas públicas, y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y la moral. 7. Abolición de la pena capital para todos los delitos políticos, y aquellos que no tuviesen el carácter de un asesinato de hecho pensado. 8. Garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base el idioma, usos y costumbres mexicanas "[27].

En lucha con el clero, la clase media pretendía reivindicar las atribuciones del Estado, menoscabadas por el funcionamiento de otro poder dentro del suyo, que eso era la Iglesia Católica; esta era una lucha de soberanía. Pero, además, se trataba de obligar la circulación de la riqueza, estancada en manos de la iglesia -llamada por ello de "manos muertas" -, y destruir todos los privilegios y exenciones que hasta entonces habían amparado ese estado de cosas.

El gobierno de Gómez Farías avanzó en la lucha contra el monopolio eclesiástico de la educación; ordenó la extinción del Colegio de Santa María de Todos los Santos, plantel del siglo XVIII, cuyos fondos de aplicaron a la instrucción pública; clausuró la Real y Pontificia Universidad de México; y creó un sistema de escuelas pata el pueblo, bajo el cuidado de una Dirección General de Instrucción Pública[28].

Es natural que esas medidas de los liberales causaran trastornos en la sociedad, movida por los intereses de las clases privilegiadas, y la respuesta fue la rebelión armada y la reacción a cargo del mismo presidente López de Santa Anna, individuo veleidoso y sin ideales políticos. El mismo contribuyó a la formación de un régimen cen­tralista.

Todos los acontecimientos tuvieron su reflejo en Michoacán, y afectaron directamente la reapertura del Colegio de San Nicolás. Los fondos propios, que resguardaba el cabildo, fueron empleados en aliviar los estragos del cólera morbus, que atacó al país en 1833. El gobernador Salgado, que carecía de dinero para hacer frente a esa grave contingencia, pidió al cabildo algunos réditos del Colegio, que le fueron entregados para tan urgente finalidad[29].

La oposición al gobierno por parte de los grandes propietarios, encabezados por el clero, agrupaba a los altos dignatarios, aun aquellós que se habían significado por su ideología liberal moderada, como el obispo Gómez de Portugal; el mismo que había decretado una distribución más equitativa de las rentas eclesiásticas, protestó ante el gobierno por lo que consideró lesivo a la institución eclesiástica, y la autoridad civil ordenó su destierro, que provocó tumultos populares, a tal grado que ningún gobernante de Michoacán quería ejecutar la orden; el gobernador Calvo Pintado solicitó licencia; el sustituto no apareció; y finalmente el mismo obispo tomó el camino del destierro; pero Santa Anna, de nuevo en el poder supremo, derogó la orden y le nombró Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos[30].

Once años duró el régimen centralista en el país; tiempo sombrío, debido a las acciones de los privilegiados en contra del gobierno; una reacción feroz se desató por doquier, y en todo ese período no se trató sobre la reapertura del Colegio de San Nicolás. Fue hasta que ese régimen se hallaba en agonía cuando la Junta Subdirectora de Estudios pretendió abrir el Colegio, y con ese propósito se dirigió al cabildo. Formaban la referida Junta personas de filiación liberal, cuyo partido había decidido integrarse en el gobierno para propiciar el cambio. La experiencia les había mostrado que, frente a los conservadores, que poseían el poder de las armas, no era posible triunfar en una lucha abierta; optaron por trabajar dentro del mismo gobierno centralista, en aquellos puestos en que se les permitía colocarse. Melchor Ocampo, por ejemplo, que era un convencido federalista y jefe indiscutible del grupo de liberales michoacanos, aceptó ser diputado en el Congreso General; y otros como él hicieron lo mismo[31]. Figuraban en la Junta Sub directora el doctor Juan Manuel González Urueña y el licenciado Juan Bautista Ceballos, junto al canónigo doctoral Joaquín Mariano Moreno. González Urueña había intervenido decisivamente en la fundación de la Cátedra de Medicina, que hemos visto, y el licenciado Ceballos fue, más tarde, gobernador de Michoacán y Presidente de la República.

Un paso adelante se dio con la creación de la Facultad Médica, que sustituyó al Protomedicato, con las mismas funciones; y la cátedra de Cirugía, que unida a la de Medicina, completaría la formación de los expertos en esa profesión. Para ingresar a Cirugía era requisito haber cursado Medicina; y para ingresar a la práctica se requerían ambas. Se modificó la cátedra médica: 10. Anatomía General y Fisiología; 20. Patología General e Higiene; y 30. Pato­logía especial y Nociones generales de Medicina Legal[32].

El 12 de septiembre de 1844 la Junta Subdirectora de Estudios se dirigió al cabildo eclesiástico para solicitarle renunciara a la "sombra de patronato" que tenía sobre el Colegio, y permitiera su reapertura y secularización. Los argumentos de la Junta no se basaron en la discusión del patronato mismo, sino en razones claras y prácticas.

a) El decreto del Gobierno General del 18 de agosto de 1843 ordenó la creación de colegios nuevos o fomento de los existentes, que sean civiles y dependientes del gobierno.

b) Para este fin se acordó aplicar fondos, que no son suficientes, para crear un colegio nuevo, y hay gestiones ante la Dirección General de Estudios para aplicar dichos fondos ál Colegio de Santa Catarina, de Pátzcuaro, a donde nadie iría a estudiar.

c) Se reconoce que el cabildo eclesiástico ha realizado grandes esfuerzos para la reapertura del Colegio de San Nicolás, pero ni sus recursos son suficientes ni es posible porque en la época actual se favorecen más los planteles civiles.

d) Sin utilizarse el edificio en un Colegio civil, quedará conde­nado a servir de cuartel, con grave violación de la voluntad de su ilustre fundador, o se destruirá irremisiblemente.

e) Si se hace la re apertura, mediante el franco y noble desprendimiento del patronato por parte del cabildo, .podrá establecerse una sana emulación con el Seminario, en el campo de las ciencias y las letras.

f) El Colegio de San Nicolás podrá convertirse en plantel de estudios preparatorios para los alumnos que ingresarían al Seminario a cursar las carreras de Derecho, con lo que ambos planteles resultarían beneficiados.

g) La abdicación al patronato sería un acto patriótico que revelaría la ilustración y desprendimiento de los miembros del cabildo[33].

El cabildo estaba formado por distinguidos sacerdotes: Domingo Garfias (Deán), Martín García Carrasquedo (Arcediano), José María García (Chantre), Joaquín Mariano Moreno (Doctoral), Manuel Tiburcio Orozco, Pedro Rafael Conejo, José Alonso de Terán y José Mariano Mesa (Canónigos), Antonio de la Peña y José María Cañedo (Racioneros), Clemente de Jesús Munguía y Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos (Medios Racioneros).

Este cuerpo estudió la solicitud de la Junta Subdirectora y acordó acceder a la petición que- se le hacía, y renunciar para siempre al patronato que había ejercido sobre el Colegio de San Nicolás desde la muerte de don Vasco de Quiroga. Este acuerdo se tomó el 30 de mayo de 1845. Para la revisión del inventario se comisionó al canónigo Conejo, en su calidad de superintendente del Colegio; y enseguida, acompañado del Deán, del Racionero Cañedo y del Medio Racionero Labastida, con la representación del cabildo se firmó el acta de cesión ante testigos y en presencia de notario. El 21 de octubre, ante el licenciado Mariano Salomo, Escribano Nacional y Público, y con los testigos Angel García, José María Barroso y Joaquín Solórzano, vecinos de Morelia, los comi­sionados entregaron el Colegio de San Nicolás a los señores: doctor Joaquín Moreno, doctor Juan Manuel González Urueña y Vicente Rincón[34].

De este modo se inició una nueva etapa en la historia del Colegio, convertido en plantel civil, desprendido de la autoridad eclesiástica y con funciones de escuela preparatoria, aunque en él se impartieran también las clases de Derecho.

El acta de cesión fue el instrumento jurídico que consumó la secularización del Colegio. El gobierno civil y los entusiastas gestores de aquella empresa, se dieron a la tarea de arreglar el edificio. Para ese fin la Dirección General de Estudios autorizó la aplicación de dos mil ciento veinte pesos, que entregó a la Junta Sub directora el señor Evaristo Barandarián, comerciante rico que, por sus simpatías con la causa liberal, obsequió mil ochocientos ochenta pesos más, con lo que el total fue de cuatro mil pesos. Pero, como estas cantidades estaban en hipotecas y se necesitaba dinero en efectivo, la Junta pidió al señor Barandarián la cantidad en efectivo, y dicho señor sólo pudo reunir mil doscientos pesos, con lo que se empe­zaron los trabajos. Como esa cantidad no bastara, pues el edificio estaba muy destruido, se pidió a la misma Dirección el reconocimiento de la deuda que había contraído el gobernador Salgado con el cabildo, .sobre fondos del Colegio, para combatir la epidemia del cólera. La Dirección estuvo conforme en asumir ese pago, pero manifestó carecer de fondos para cubrirlo. Se continuó la obra material, y al terminarla se debía una considerable cantidad al superintendente de la obra, señor Rionda[35].

Se pretendió iniciar los cursos de la nueva etapa del Colegio de San Nicolás en 1846, pero las obras de reconstrucción no estaban aun terminadas, y la situación política del país era muy tensa, tanto en el orden interno como en el internacional. La anexión de Texas a la Unión. Americana fue una agresión a la dignidad de la nación y en respuesta el gobierno mexicano declaró la guerra al vecino del norte a mediados del año. El gobierno centralista, como representativo de los sectores más retardatarios, en manos de generales golpistas, corruptos y ambiciosos, no fue capaz de defender al país. El general Paredes Arrillaga fue enviado a combatir al norte pero prefirió regresar a la ciudad de México y dar el clásico golpe de Estado, que a su vez fue contestado con otro que puso fin al centralismo y restableció la República Federal y la Constitución de 1824.

El gobierno centralista de Michoacán cayó y el nuevo régimen nombró en forma interina al diputado Melchor Ocampo como gobernador provisional del Estado, quien desde luego tomó posesión de su cargo. Dos preocupaciones destacaron en su administración, tanto en el breve período provisional como en el constitucional que desempeñó a partir de noviembre del mismo año de 1846: organizar la defensa del país ante la invasión yanqui, y formalizar la reapertura del Colegio de San Nicolás, por la que había trabajado desde hacía varios años.

El 23 de noviembre de 1846, al término del gobierno provisional, don Melchor rindió ante el Congreso un informe de su actuación, documento que, además de contener planes y realizaciones, incluyo un análisis de la situación social del país y del propio Estado de Michoacán. En este informe, y en relación con el Colegio, dijo a los diputados: "tengo la grata satisfacción de anunciaros que pronto se abrirá el colegio civil de San Nicolás Hidalgo, para cuya apertura trabajó constantemente la extinguida Junta subdirectora de estudios". Habló después de la reorganización de esa Junta y de las tareas que se le habían señalado, entre las cuales destacaba la recolección de capitales. Para dicha re apertura, trazó el porvenir que él concebía; deseaba que el nuevo Colegio Civil tuviera un perfil europeo: "es de suponer que con el tiempo se abran nuevas carreras a nuestra juventud estudiosa; es también de esperarse, y no porque el Gobierno crea en la ponderada superabundancia de sacerdotes, abogados y médicos, pues nunca sobra el número de personas instruidas, sino porque juzga que la conciencia, la bolsa y la salud, no son los únicos objetos de estudio; y sí, que las ciencias presentan hoy un vasto campo de utilidad y de gloria, que muchos jóvenes puedan dedicarse a brazos de ellas que se hallan hoy enteramente desatendidos entre nosotros, que forman la suerte y el lustre de muchas familias en Europa, y que evitarán en lo sucesivo la aglomeración de personas en unas mismas facultades". Este esbozo de una Universidad moderna se complementa con una distinción precisa entre educación e instrucción: "son comparativamente más las personas instruidas, y entendiendo por esto las que hayan recibido nociones de alguna ciencia, que las personas educadas, dando a esta palabra la rigurosa significación que debiera corresponderle en el desarrollo del espíritu sobre la moral, la política y las conveniencias sociales"; y desea que los alumnos de San Nicolás se eduquen o sea que tengan una formación filosófica y política, que hasta entonces había sido ignorada: "elevados nuestros predicadores en las altas regiones del dogma, raras veces se dignan descender a los pormenores del hogar doméstico; y empeñados nuestros políticos en sus polémicas y revueltas, raras veces también instruyen al ciudadano sobre sus deberes de tal. De aquí resultá que son pocas las personas que se hayan formulado, de una manera precisa, sus obligaciones de dentro y fuera de casa". Pedía por tanto que los jóvenes, las nuevas generaciones de mexicanos, poseyeran además de la ciencia y el conocimiento una formación política que sirviera para la regeneración del país[36].

El gobernador de Michoacán se convirtió en uno de los más audaces agitadores de la causa nacional. Llamó al pueblo de su entidad a pelear con bravura; formó ejércitos para que fueran a defender el suelo patrio; y cuando el esfuerzo resultó infructuoso y el enemigo se levantó triunfante sobre un pueblo desmoralizado, Ocampo propuso un plan de guerrillas para enfrentarse a los norteamericanos.

La Junta Rectora de Estudios (en estos documentos se le nombra Junta Directora), que sustituyó a la Junta Subdirectora, dedicó su tiempo, en tanto se terminaba la reconstrucción del edificio, a elaborar un Reglamento del Colegio, que comenzó con una brevísima historia del plantel, en la que alude a las Constituciones de 1674 como el antecedente más reciente, aunque se reconoce que no es operante, salvo en algunos puntos que son comunes a todos los Colegios. El nuevo Reglamento constó de once Capítulos o Títulos, que son: 1 Del Colegio y sus empleados. 2 De los alumnos. 3 Funciones literarias, premios y jubilaciones. 4 Cátedras y oposiciones a ellas. 5 Gastos. 6 De los fondos, caución, recaudación y manejo. 7 Dependientes y sirvientes domésticos. 8 Recreaciones. 9 Distribución del tiempo. 10 Lecturas y observancia de estas Constituciones. 11 Artículos adicionales. Este Reglamento, el primero que tuvo el Colegio como institución civil, lleva fecha de diciembre 1 de 1846, y la firma del presidente y secretario de la Junta, el doctor Juan Manuel González Urueña y don Santos Degollado, respectivamente.

Sometido el Reglamento a la consideración del gobernador Ocampo, éste lo autorizó el día 11 del mismo mes, pero con una nota en la que advirtió que sólo sería definitivo hasta que la práctica sugiriera las modificaciones que deberían hacérsele[37].

Dispuso el señor Ocampo que, al secularizarse, el Colegio nicolaita, cuya tradición humanista lo había singularizado durante el período colonial, conservara su antiguo nombre: Colegio de San Nicolás; y para distinguirlo entre todos los establecimientos del país se le conservó el título de Primitivo, por haber sido el que abrió la brecha de la educación en América, y se le agregó el de Nacional, por su importancia indiscutible y por su ideología nacionalista. Pero dispuso algo más: para honrar la memoria de uno de sus más destacados hijos, el iniciador de nuestra independencia, se le apellidó: de Hidalgo. De modo que el nombre completo del nuevo Colegio civil sería: Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, largo nombre, pero muy significativo dé los orígenes y timbres de orgullo de esa institución.

Cinco materias formaron el primer plan de estudios, por acuerdo de la Junta Subdirectora, la que dispuso también quiénes las tendrían a su cargo y los textos que deberían estudiarse:

Idioma Español (Etimología, sintaxis, ortografía y ortología). Maestro: Rafael Carrillo. Textos: Compendio de Gramática Castellana, de Salvá; Lecciones, de Sicilia; y Lecciones Prácticas, de Munguía. Idioma Latino. Se dividió en tres partes: Etimología Latina. Maestro: Ignacio Orozco; Sintaxis y Prosodia. Maestro: Lic. Jesús María Heredia. Textos: "atado, de Iriarte, y Ejercicios y Artes Explicado, de Cejudo.

Idioma francés. Maestro: Juan González Movellán. Texto: Gramática, por Bros.

Matemáticas. Maestro: Antonio Morán. Texto: Compendio, por Vallejo.

Filosofía. Maestro: Marcelino Martínez. Texto: Lógica y Metafísica, por Bouvier[38].

En esta forma se hizo la re apertura. Como puede verse, había supervivencia del Latín, tal como se había enseñado desde el siglo XVI. También quedaba la Filosofía, como una tradición muy antigua, aunque modificada por el curso de los tiempos, despojada de su ropaje religioso y centrada en el discurso del razonamiento y en el conocimiento del mundo exterior. Las matemáticas se estudiaban también en San Nicolás Obispo, en los últimos años antes de la clausura. Sólo se agregó, como novedad, el estudio del idioma francés, como introducción al campo de la ciencia moderna en que la nación francesa se distinguía. Pero se notaba un retroceso al suprimirse los estudios del Derecho, existentes en el Colegio en el tiempo de su clausura.

La fecha tan esperada, llegó al fin, en la mañana del domingo 17 de enero de 1847. En esa fecha las tropas regulares de los Estados Unidos habían invadido nuestra nación, y los michoacanos habían formado el Batallón Matamoros para la defensa heroica del sueldo patrio. Por esta circunstancia, la ceremonia de reinauguración fue en extremo sencilla. El gobernador Ocampo se presentó en el Salón General del Colegio, donde estaban reunidos los miembros del cabildo eclesiástico, la Junta Directora de Estudios, que estaba formada por el doctor Juan Manuel González Urueña (presidente), licenciado Onofre Calvo Pintado, Manuel Elguero, licenciado Gabino Ortiz, licenciado Miguel Martínez (vocales) y Santos Degollado (secretario). Asistían con el señor Ocampo los más altos funcionarios del gobierno y las personas más connotadas de la ciudad. Después de una obertura musical, hizo uso de la palabra el doctor González Urueña para referirse a la historia del ilustre plantel, sus vicisitudes. y tropiezos hasta la fecha en que se abría de nuevo; explicó la forma que ahora tendría, las características de su enseñanza, los fondos con que contaba y las oportunidades que brindaba a los alumnos. Después de un paréntesis musical, se hizo la presentación de los catedráticos, uno por uno, y estos hablaron para delinear brevemente su programa. Con esto se dio por concluido el acto, y los concurrentes abandonaron el recinto. Los miembros de la Junta y los catedráticos permanecieron en el salón, con el fin de dar a conocer los libros de texto que adoptaría en sus cursos. Se les citó para que al día siguiente se presentaran, a las nueve horas, en el Palacio de Gobierno, para rendir la protesta de rigor, y a las diez darían principio las clases[39].

La guerra siguió su curso inexorable. El enemigo avanzó sobre la capital del país, y los michoacanos salieron a ofrendar la vida, estimulados por las exhortaciones de su gobernante: "Hijos somos de nuestras propias obras. Pelean tenazmente y venceréis". Don Melchor Ocampo, al dirigirse a su pueblo, hacía el análisis más objetivo de la situación. Anhelaba la paz pero no la concebía impuesta por las armas extranjeras; la paz en esas condiciones representaría para México la pérdida, de su territorio, y de su carácter de nación. "Para los Estados Unidos la paz sería la saciedad de su injusto odio y de su exagerado desprecio, de su insaciable rapiña y de su espíritu de expansión. Sería, en vez del desenlace de una guerra, el producto de un cálculo mercantil cuyos elementos lo fuesen ya materia prima, máquinas y mercados, sino hombres y armas, batallas y una paz pingüe; sería, no sólo consagrar en parte los derechos que con la fuerza pretenden adquirir, sino quitar a tal pretención toda su odiosidad"[40].

Para completar los estudios en el Colegio, dos abogados de Morelia, los licenciados Vicente Rincón y Francisco González, ofrecieron a la Junta la creación de las cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico, que ellos atenderían gratuitamente. Se aceptó tan generosa proposición, y el día 28 del mismo mes de enero principiaron las clases. El licenciado Rincón señaló como texto el Sala Mexicano, muy renombrado en el derecho Procesal Civil; en tanto que el licenciado González propuso la obra Comentaria in Jus Eclesiasticum Universum. De este modo fue conformándose la fisonomía del Colegio nicolaita[41].

La Junta Directiva designó como Regente al licenciado Onofre Calvo Pintado, distinguido liberal michoacano. Había desempeñado el cargo de gobernador del Estado en dos ocasiones. También designó secretario a don Santos Degollado, hombre destacado en las luchas del liberalismo, y que más tarde se habría de significar como conductor heroico de las armas nacionales. Con estos dos intelectuales en la dirección del plantel, su funcionamiento quedaba asegurado[42].